Cuando la confianza pública se pone en duda, ninguna institución puede conformarse con pedir que le crean. Tiene que demostrar que merece esa confianza.
Hay instituciones cuya credibilidad vale más que el prestigio de quienes las encabezan. El Instituto Nacional Electoral es una de ellas. Su razón de existir no es defender a sus consejeros, proteger a sus funcionarios ni resistir los costos políticos de un escándalo. Su misión es garantizar que el voto de los mexicanos se cuente con certeza, legalidad e imparcialidad.
Por eso, los señalamientos que han colocado a Guadalupe Taddei Zavala en el centro de la controversia no pueden reducirse a una disputa entre periodistas y políticos, ni despacharse con el argumento de que se trata de un ataque contra su persona. Cuando las dudas alcanzan a la presidencia del árbitro electoral, la respuesta institucional debe ser mucho más exigente que una declaración de inocencia.
La crisis es seria por lo que se ha publicado, pero también por lo que está en juego.
Los reportajes sobre presuntas irregularidades en contratos, los posibles conflictos de interés, los vínculos con proveedores y las revelaciones sobre la cercanía entre la funcionaria y un empresario que habría obtenido adjudicaciones millonarias plantean preguntas que necesitan respuestas documentadas. Las imágenes de viajes y reuniones, así como los audios cuya autenticidad no ha sido verificada de manera independiente, han alimentado la controversia pública.
Conviene, sin embargo, establecer una distinción indispensable: una acusación no es una sentencia, una fotografía no demuestra por sí sola un delito y una filtración no sustituye una investigación. La presunción de inocencia debe respetarse incluso cuando los señalamientos resultan políticamente explosivos.
Pero esa misma exigencia obliga a investigar sin excepciones.
La transparencia no puede depender de la filiación política de quien está bajo sospecha.
Y es precisamente aquí donde aparece la dimensión política del caso.
En marzo de 2023, cuando Guadalupe Taddei llegó a la presidencia del INE mediante el mecanismo de insaculación, su nombramiento fue celebrado por Andrés Manuel López Obrador. El entonces presidente la describió como una mujer íntegra y honesta. Claudia Sheinbaum también expresó su respaldo a su llegada y destacó algunas de sus primeras decisiones.
Aquellos elogios no prueban que los señalamientos actuales sean ciertos. Tampoco los vuelven irrelevantes. Lo que sí hacen es recordar que el poder político tiene una responsabilidad pública cuando respalda perfiles para encabezar instituciones fundamentales para la democracia.
La autonomía electoral no consiste solamente en impedir que el gobierno intervenga en las decisiones del INE. También exige que quienes dirigen el organismo se conduzcan con independencia, integridad y una distancia incuestionable frente a los intereses privados que pueden beneficiarse de sus decisiones.
Un árbitro no solamente debe ser imparcial. Debe ofrecer razones suficientes para que la ciudadanía confíe en su imparcialidad.
La renuncia anunciada por Taddei abre una nueva etapa, pero no resuelve por sí misma las interrogantes. Separarse del cargo puede contribuir a despresurizar una institución sometida a una crisis de credibilidad; no puede convertirse en una vía para cerrar expedientes, eludir auditorías o diluir responsabilidades.
Si hubo irregularidades, deben identificarse. Si existieron conflictos de interés, deben determinarse sus alcances. Si se utilizaron indebidamente recursos públicos, deben establecerse las responsabilidades correspondientes. Y si los señalamientos no se sostienen, también debe quedar demostrado con evidencia verificable.
La investigación debe alcanzar a todos los involucrados, sin importar su cargo, sus relaciones personales o su cercanía con el poder.
Tampoco debe permitirse que esta controversia se convierta en un pretexto para debilitar al INE. Una cosa es exigir cuentas a sus dirigentes y otra, muy distinta, utilizar una crisis para desacreditar indiscriminadamente a la institución y a los miles de trabajadores que sostienen la operación electoral del país.
México necesita un organismo electoral sólido, profesional y confiable, especialmente cuando el proceso federal de 2027 ya está en marcha. La sucesión en la presidencia del Instituto debe atender criterios de legalidad, capacidad e independencia, no convertirse en un reparto de cuotas partidistas ni en una nueva batalla por el control del árbitro.
La responsabilidad también alcanza al gobierno, a la oposición y a los legisladores. Quienes hoy exigen investigaciones deben estar dispuestos a respetar sus resultados, incluso si contradicen sus intereses políticos. La rendición de cuentas no puede ser una consigna que se aplica a los adversarios y se olvida cuando las sospechas alcanzan a los propios.
La democracia no se protege ocultando los escándalos, pero tampoco condenando personas desde el tribunal de las redes sociales. Se protege con instituciones que investigan, autoridades que rinden cuentas y ciudadanos que exigen pruebas.
La salida de Guadalupe Taddei puede marcar el final de una presidencia, pero no debe marcar el final de las preguntas.
Porque el problema de fondo no es solamente quién encabeza el INE. Es si los mexicanos pueden tener la certeza de que los recursos públicos se administran correctamente, que las licitaciones se resuelven conforme a la ley y que ninguna relación personal está por encima del interés público.
El INE no le pertenece a Morena, al PAN, al PRI ni a ningún grupo político. Tampoco pertenece a quienes lo dirigen temporalmente. Es una institución fundamental para la vida democrática del país.
Por eso, su credibilidad no se recuperará con discursos, renuncias ni declaraciones de buena voluntad. Se recuperará con documentos, auditorías, investigaciones independientes y resultados.
Porque cuando el árbitro queda bajo sospecha, no basta con cambiar a quien lleva el silbato. Hay que demostrar que el partido se juega conforme a las reglas.
