La situación de Deysi Cristel Niño Jiménez, actual Jefa de la Unidad Administrativa de Vivienda Bienestar del Estado de Oaxaca (VIBIEN), es cuestionada por trabajadores, quienes señalan una posible usurpación de profesión y solicitan que se revise si existe responsabilidad administrativa.
La funcionaria aparece en el directorio oficial de VIBIEN y, de acuerdo con el señalamiento, utiliza públicamente las siglas “L.A.”, correspondientes a Licenciada en Administración. Sin embargo, una consulta realizada el 6 de octubre de 2026 en el portal de cédulas profesionales de la Secretaría de Educación Pública refiere que no cuenta con título ni cédula profesional para ejercer una profesión.
El caso cobra relevancia debido a las funciones que desempeña dentro de la dependencia, entre ellas administrar recursos humanos, materiales y financieros; formular trámites para la liberación de recursos; planear y distribuir el presupuesto; supervisar procedimientos administrativos; establecer criterios de racionalización presupuestaria y autorizar reportes del Sistema Estatal de Finanzas Públicas relacionados con procedimientos de contratación.
Los trabajadores relacionaron este señalamiento con la problemática registrada semanas atrás, cuando personal de base y de confianza de Vivienda Bienestar denunció que se había quedado sin el pago de su nómina.
En este contexto, solicitaron que las autoridades competentes determinen si la funcionaria cumple con los requisitos legales para desempeñar las funciones que tiene asignadas y, en su caso, si existe alguna responsabilidad administrativa.
La Ley del Ejercicio Profesional del Estado de Oaxaca, en su artículo 22, establece que quien carezca de título, cédula o autorización no puede atribuirse ese carácter ni suscribir documentación como profesionista. La misma disposición establece una prohibición específica para empleados y servidores públicos que suscriban documentos públicos ostentando una profesión sin contar con título legalmente expedido.
Asimismo, trabajadores pidieron que se considere la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, cuyas faltas administrativas de servidores públicos se determinan conforme a los supuestos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece sanciones que van desde una amonestación pública o privada hasta la suspensión del empleo, cargo o comisión de uno a 30 días naturales, destitución e inhabilitación temporal de tres meses a un año para desempeñar cargos públicos y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
El señalamiento también tiene una posible vertiente penal. El artículo 233, fracción II, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca establece sanciones para quien se atribuya el carácter de profesionista sin tener título legal y ejerza los actos propios de la profesión.
A su vez, el artículo 235 Bis establece que, cuando los delitos contemplados en ese título sean cometidos por servidores públicos, la pena puede ser de tres años seis meses a seis años de prisión, además de una multa de 500 a 730 veces el valor de la UMA, destitución del empleo e inhabilitación por un periodo igual al de la sanción corporal impuesta.
La Ley del Ejercicio Profesional también contempla, en su artículo 35, la acción popular, mediante la cual cualquier ciudadano puede denunciar a quien ejerza una profesión sin título.
Los trabajadores consideran que ostentarse con una profesión sin contar con la documentación correspondiente no solamente debe ser revisado desde el ámbito profesional, sino también por las implicaciones que pudiera tener cuando se trata de una servidora pública encargada de funciones relacionadas con recursos humanos, financieros y presupuestales.
El caso se plantea además después de que el gobernador Salomón Jara Cruz manifestara públicamente que no permitirá abusos por parte de funcionarios públicos.
Por ello, trabajadores demandan que se revise el caso y cuestionan la actuación que correspondería a la Secretaría de Honestidad, encabezada por Leticia Reyes, para determinar si existe alguna irregularidad y, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse.
