Diana García
Integrantes del Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negar la nueva Manifestación de Impacto Ambiental en modalidad Regional (MIA-R) promovida por la Compañía Minera Cuzcatlán para ampliar el proyecto minero “San José”, mediante la conformación de un depósito de jales secos.
Autoridades comunitarias, agrarias y municipales de comunidades zapotecas de los Valles Centrales señalaron que la solicitud presentada por la empresa no representa un proyecto nuevo, sino una nueva etapa de expansión de una actividad minera que, aseguran, lleva 17 años operando en sus territorios.
De acuerdo con el Frente, el pasado 29 de julio de 2026 la empresa publicó en un diario estatal el extracto de la nueva MIA-R, con la que pretende integrar autorizaciones y modificaciones realizadas entre 2015 y 2021, además de regularizar obras que las comunidades consideran irregulares y concretar una cuarta ampliación del depósito de jales.
Las organizaciones advirtieron que aumentar la capacidad del depósito implica incrementar el volumen de residuos que permanecerán confinados en la zona, por lo que consideraron que no debe autorizarse una nueva ampliación mientras persistan daños ambientales que, sostienen, no han sido reparados.
El Frente afirmó además que desde 2009 las comunidades de la región no han otorgado su consentimiento para actividades de exploración o explotación minera y recordó que existen 14 declaratorias comunitarias de territorio prohibido para la minería.
Como parte de sus argumentos, presentaron ante la Semarnat documentación relacionada con el historial ambiental del proyecto. Entre ella mencionaron 73 obras irregulares identificadas por la Profepa entre 2009 y 2018, así como dos negativas previas de la dependencia ambiental a solicitudes de la empresa en 2019 y 2020.
También señalaron una autorización otorgada en 2021 para la actualización de obras y actividades, la cual, según el Frente, regularizó las 73 obras señaladas y extendió por 12 años la vida del proyecto.
Otro de los puntos expuestos fueron tres derrames registrados en 2018, 2020 y 2024, relacionados con la presa de jales y el arroyo El Coyote. Las comunidades también citaron estudios de la Conagua realizados entre 2018 y 2020, en los que, aseguran, se detectaron concentraciones de diversos metales por encima de los niveles permitidos para consumo humano en el sistema hídrico cercano a la mina.
Ante estos antecedentes, las autoridades comunitarias solicitaron a la Semarnat aplicar los principios de prevención y precaución y negar la MIA-R del depósito de jales secos, así como cualquier instrumento que permita ampliar, regularizar o prolongar las actividades de la mina San José.
Además, informaron que solicitaron formalmente una audiencia directa con la titular de la Semarnat y la instalación de una mesa de trabajo con representantes comunitarios para conocer la situación administrativa del proyecto, sus autorizaciones vigentes y los procedimientos que actualmente se encuentran en curso.
“El agua, el territorio y la vida de los Valles Centrales de Oaxaca no están en venta ni en negociación”, sostuvo el Frente.
