Diana García
A un año del feminicidio de Lilia Gemma García Soto, primera presidenta municipal de San Mateo Piñas, la organización Consorcio Oaxaca aseguró que su memoria continúa siendo una fuerza que impulsa la exigencia de justicia y la defensa del derecho de las mujeres a participar en la vida política sin violencia.
A través de un pronunciamiento público difundido con motivo del primer aniversario luctuoso de la edil, la organización advirtió que la participación política de las mujeres no puede seguir pagándose con la vida, al tiempo que denunció que la impunidad persiste en los casos de violencia política por razón de género.
El organismo recordó que el 15 de junio de 2026 se cumplió un año del asesinato de Lilia Gemma García Soto, a quien describió como una mujer que «luchó, gobernó y defendió» a su comunidad. Sin embargo, señaló que a doce meses del crimen no existe una respuesta efectiva del Estado y prevalece la falta de justicia.
Asimismo, destacó que, aunque México ha registrado avances en materia de paridad y representación política de las mujeres, la realidad sigue evidenciando profundas desigualdades y altos niveles de violencia.
De acuerdo con el pronunciamiento, en el país se han documentado más de 525 casos de violencia política contra las mujeres por razón de género ante el Instituto Nacional Electoral (INE), hasta marzo de 2026, mientras que en Oaxaca la problemática mantiene cifras alarmantes.
La organización sostuvo que la entidad encabeza el Registro Nacional de Personas Sancionadas por violencia política, con 188 casos vigentes, y señaló que durante el sexenio del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa se registraron 78 agresiones relacionadas con esta forma de violencia.
Añadió que en los 42 meses y medio de la actual administración estatal, encabezada por Salomón Jara Cruz, se contabilizan 39 casos de violencia política por razón de género, lo que demuestra que la problemática persiste y, en algunos casos, se ha recrudecido.
Consorcio Oaxaca recordó además los nombres de mujeres que fueron asesinadas mientras ejercían cargos públicos o comunitarios, entre ellas Nazaret Cortés Velasco, presidenta del Comisariado de Bienes Ejidales de San Pedro Totolápam; Guadalupe Urban Ceballos, regidora de San Juan Cacahuatepec; Hanna Alí Rosales, regidora de Huajuapan de León; y la propia Lilia Gemma García Soto.
La organización calificó estos hechos como feminicidios políticos, al señalar que son el resultado de una cadena de omisiones institucionales, denuncias ignoradas y mecanismos de protección insuficientes.
En su posicionamiento, también dirigió exigencias a los distintos niveles de gobierno. A la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le pidió garantizar la implementación efectiva del Protocolo Nacional de Violencia Política, fortalecer los mecanismos de protección para mujeres en riesgo y generar registros públicos sobre feminicidios políticos.
Al gobierno estatal encabezado por Salomón Jara Cruz, le demandó una política de cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres, acceso efectivo a la justicia y acompañamiento integral para las familias de las víctimas.
Finalmente, cuestionó que personas señaladas por presuntos actos de violencia contra las mujeres permanezcan dentro de la administración pública estatal, y reiteró que el caso de Lilia Gemma García Soto no debe quedar en el olvido.
