Hay en México 800,000 niñas y niños oaxaqueños que llevan 21 días sin ir a la escuela. Tres semanas completas. Quince días hábiles perdidos de un ciclo escolar que ya de por sí es corto, ya de por sí está lleno de días festivos, ya de por sí deja a los estudiantes con una educación de las peores del mundo. Y nadie —ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni los líderes sindicales, ni los medios nacionales— está tratando esto como lo que es: una emergencia educativa de proporciones escandalosas.
Repito el número porque merece ser repetido: 800,000 niños sin clases. 12,000 escuelas cerradas. 21 días.
La CNTE y su rehén favorito: la infancia pobre
Seamos precisos con lo que está ocurriendo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —esa organización que lleva décadas operando como un sindicato medieval con fuero de Estado— declaró un paro indefinido el 25 de mayo. Sus demandas son, en el papel, comprensibles: mejores pensiones, mejores salarios, más autonomía educativa. Nadie en su sano juicio se opone a que los maestros ganen bien y se jubilen dignamente.
El problema no son las demandas. El problema es el método.
El método de la CNTE consiste, desde hace décadas, en tomar como rehenes a los hijos de los más pobres. No hay ironía más brutal en este país que la de un sindicato que dice defender la educación pública usando como palanca de presión el derecho a la educación de los niños más vulnerables. Los maestros de las escuelas privadas no paran. Los hijos de los funcionarios no pierden clases. Los que pierden clases son los niños de las comunidades indígenas de la Sierra, los de los Valles Centrales, los de la Costa, los de la Cañada. Los que ya tienen todo en contra.
Esos son los rehenes de la CNTE. Los que no tienen voz. Los que no salen en las asambleas de delegados.
El gobierno de Sheinbaum: la gran ausente
¿Y el gobierno federal? Aquí es donde la historia se pone verdaderamente indignante.
La Asamblea Nacional Representativa de la CNTE —249 delegados reunidos de madrugada con ese gusto dramático que tiene el sindicalismo mexicano por las decisiones nocturnas— rechazó formalmente todas las propuestas del gobierno federal. Las calificó de insuficientes. Las tiró a la basura. Y decidió fortalecer la huelga.
Bien. Ese es su derecho. Lo que no tiene justificación es que el gobierno de Claudia Sheinbaum haya permitido que este conflicto llegue a tres semanas sin una solución de fondo, sin una postura firme, sin un mensaje claro a la ciudadanía sobre qué está dispuesto a ceder y qué no.
El gobierno ofreció un aumento salarial del 9%. La CNTE lo rechazó. Hasta ahí, todo dentro de los límites de una negociación laboral ordinaria. Pero la CNTE no solo quiere aumento salarial. Quiere la abrogación de la reforma educativa —la misma que impulsaron Peña Nieto, López Obrador y ahora defiende parcialmente Sheinbaum—, y quiere eliminar el esquema de AFOREs para regresar a un sistema de pensiones de reparto que, en términos financieros, es insostenible para las finanzas públicas del país.
Que el gobierno no haya podido o no haya querido explicarle eso claramente a la opinión pública es una omisión política imperdonable. ¿Cuánto cuesta el paro? El erario ya lleva 586 millones de pesos perdidos, según cifras oficiales. ¿Quién paga eso? Los mismos ciudadanos cuyos hijos están sin clases.
La Sección 22: el poder fáctico que nadie se atreve a tocar
La Sección 22 de Oaxaca es el corazón del problema. Con casi 82,000 trabajadores de la educación, es el contingente más grande y más radical de la Coordinadora. Su postura define el rumbo de todo el movimiento nacional. Lo que decide Oaxaca, lo obedece el país.
Y lo que decidió Oaxaca, en votación con resultado de 6,337 votos contra 6,162, es seguir en huelga.
Léase bien: la diferencia entre continuar paralizando a 800,000 niños o regresar a las aulas fue de 175 votos. Ciento setenta y cinco. En una organización de 82,000 miembros. La voluntad de los maestros —que no es lo mismo que la voluntad de sus líderes— estuvo dividida casi en dos mitades exactas. Pero la maquinaria política de la Sección 22 se impuso, como siempre, y los 800,000 niños siguieron sin clases.
Y el 80% de los maestros se quedó en Oaxaca sosteniendo plantones y bloqueando aeropuertos, terminales de Pemex y casetas de peaje. El 20% viajó a la Ciudad de México para instalarse en el Zócalo y presionar en las mesas de negociación.
Mientras tanto: ningún niño oaxaqueño aprendió a leer hoy.
El costo real que nadie quiere calcular
Hay costos que los economistas miden y hay costos que no aparecen en ningún reporte del erario.
Los primeros son los 586 millones de pesos que ya le cuesta al Estado este paro. Los bloqueos al aeropuerto de Oaxaca, a las terminales de Pemex, a las carreteras. Las pérdidas del comercio en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, transformado una vez más en campamento político.
Los segundos son los que importan más y que nadie suma: tres semanas de retraso escolar en el estado con menor PIB per cápita del país. Tres semanas menos de matemáticas, de lectura, de ciencias, para niños que según las evaluaciones internacionales ya están entre los más rezagados de América Latina. El costo de ese rezago no se mide en millones sino en vidas enteras que se cierran antes de abrirse, en adultos que no podrán salir de la pobreza porque no tuvieron la educación que merecían.
Eso es lo que la CNTE llama «jornada de lucha.»
Lo que nadie dice en voz alta
En este país existe un acuerdo tácito, vergonzoso y cómplice, entre la clase política y los líderes de la CNTE: mientras el conflicto no escale demasiado, mientras no haya muertos, mientras los bloqueos no toquen los intereses de los poderosos, se negocia, se cede, se da tiempo, y los niños que pierden son los de siempre: los que no tienen abogados, ni Twitter, ni acceso a los medios.
La CNTE lo sabe. Por eso su método funciona desde los años ochenta. Por eso Oaxaca lleva décadas siendo el laboratorio de la impunidad sindical en México.
Y por eso, mientras 249 delegados votaban de madrugada para continuar una huelga que divide a sus propias bases casi en partes iguales, nadie en el gobierno federal tuvo la valentía de pararse frente a una cámara y decir lo que todos sabemos pero pocos dicen:
Que tomar rehenes a los niños pobres no es una forma legítima de ejercer presión política. Que el derecho a huelga no puede extenderse indefinidamente cuando las víctimas son menores de edad sin alternativas. Que hay un límite —legal, moral, político— más allá del cual el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación aunque eso incomode a un sindicato poderoso.
Nadie lo dijo. Nadie lo dice. Y los 800,000 niños de Oaxaca seguirán mañana sin escuela.
