El conflicto entre el magisterio disidente y el Ejecutivo de Claudia Sheinbaum expone la contradicción central de la Cuarta Transformación: quienes ayudaron a ganar el poder ahora amenazan con quitárselo
Hay una regla no escrita en la política mexicana que conoce todo operador con experiencia: si quieres ganar el sur del país, necesitas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y si quieres a la CNTE, tienes que pagar el precio. Durante décadas, ese precio lo pagó la izquierda con aplausos, micrófonos parlamentarios y cobertura política. Ahora que gobierna, descubre que ya no puede permitírselo.
La semana en que comenzaron a instalarse las pantallas gigantes en el Zócalo para el Mundial 2026 —la mayor vitrina diplomática que México ha tenido en décadas—, miles de maestros de las secciones disidentes del magisterio bloqueaban el Centro Histórico de la Ciudad de México. Lo que siguió fue un manual de deslegitimación que el propio oficialismo había denunciado como represivo cuando lo aplicaba el PRI: la palabra «porros», la hipótesis del financiamiento externo, la invocación del daño a la imagen nacional.
Cuando eres oposición, puedes hacer todas las promesas que la CNTE quiera escuchar. Cuando eres gobierno, la aritmética del presupuesto no tiene ideología.
Un contrato, no una alianza
La relación entre la izquierda mexicana y la Coordinadora nació en 1979, cuando el movimiento surgió como disidencia del SNTE —el sindicato oficial que el PRI utilizaba como mecanismo de control territorial—. La CNTE necesitaba paraguas político. La izquierda, entonces débil y sin estructuras territoriales reales, necesitaba exactamente lo que la Coordinadora tenía: maestros organizados en comunidades a las que ningún partido llegaba en camioneta de campaña.
Fue, desde el principio, un intercambio racional. El Frente Democrático Nacional de 1988, y después el PRD, encontraron en los bastiones del magisterio disidente una red de operadores con identidad propia y con algo que en política vale más que el dinero: credibilidad local. La CNTE obtuvo protección y resonancia nacional. La izquierda obtuvo votos y presencia territorial en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
Nadie explotó este acuerdo con más eficacia que Andrés Manuel López Obrador. Cuando Enrique Peña Nieto aprobó la Reforma Educativa de 2013, con su sistema de evaluación docente que la Coordinadora consideraba punitivo, AMLO se convirtió en el defensor más visible del magisterio. Marchó con ellos. Los cobijó discursivamente tras la represión de Nochixtlán en 2016, cuando una intervención federal dejó muertos en una carretera de Oaxaca. En Guelatao, tierra zapoteca cargada de simbolismo, firmó compromisos que eran, en esencia, el pliego petitorio de la CNTE redactado en lenguaje electoral.
El resultado fue el esperado. En 2018, las secciones disidentes operaron como estructura territorial de Morena en el sur. AMLO arrasó. Y, a diferencia de lo que suele ocurrir con las promesas electorales en México, cumplió: en 2019, el Congreso con mayoría morenista derogó la reforma de 2013, desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y eliminó el carácter punitivo de las evaluaciones docentes.
«Tienen mesas de diálogo, con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Educación; en el pasado ni siquiera eso tenían… pero hay temas que el presupuesto público no da para poder cumplir.»— Presidenta Claudia Sheinbaum, marzo de 2026
El problema de gobernar
Pero gobernar cambió los términos del contrato. La CNTE es una organización construida sobre la presión permanente: sin conflicto, sin negociación, sin un adversario que ceder, su razón de ser se diluye. Así que, cuando el gobierno que la había defendido durante años asumió el poder, la Coordinadora encontró nuevos agravios. La USICAMM —organismo sucesor del viejo sistema de evaluación— se convirtió en el nuevo objeto de impugnación. Las pensiones calculadas en Unidades de Medida y Actualización, en lugar de salarios mínimos, se transformaron en la nueva trinchera. Los bloqueos volvieron, ahora contra el gobierno que durante cinco años había sido su aliado.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado separar al movimiento de sus propias bases. «Yo pienso que ayer hubo mucha provocación. La verdad no creo que sean maestros los que generaron la provocación», declaró el 2 de junio. Sus voceros en redes sociales fueron más directos: llamaron «porros prianistas» a una movilización que apenas ayer era presentada como expresión legítima de la lucha popular. El cambio de encuadre tardó menos de 72 horas.
Es un recurso antiguo. Tan viejo como el 68, cuando el gobierno también habló de infiltrados para desacreditar una movilización incómoda. La novedad —y la paradoja— es que ahora lo despliega un gobierno que se fundó, precisamente, denunciando ese argumento cuando lo utilizaban sus adversarios.
El ojo que nadie vio
Mientras se desarrollaba el debate sobre porros e infiltrados, un maestro de la Sección 22 de Oaxaca perdió un ojo. Su nombre es Columbo González González. Representantes de la CNTE denunciaron que fue impactado por una bala de goma disparada por agentes policiales y que recibió atención deficiente en el ISSSTE, el sistema de salud de los trabajadores del Estado que la Cuarta Transformación administra.
El martes, la presidenta habló de infiltrados. El miércoles, las redes oficialistas llamaban porros a los manifestantes. El maestro con un ojo menos quedó en el segundo plano del ciclo informativo, desplazado por la urgencia del relato.
Los niños de Oaxaca, Chiapas y Guerrero siguen siendo los que peor aprenden a leer en todo el país. Llevan décadas siendo el argumento de todos y la prioridad de nadie.
El fin de una era
Lo que el conflicto de esta semana revela con claridad es el límite estructural de una alianza construida sobre promesas que solo eran posibles desde la oposición. Durante cuarenta y cinco años, la izquierda mexicana pudo ser el paraguas, el altavoz y el defensor permanente de la CNTE porque no tenía que pagar las pensiones, negociar el presupuesto educativo ni custodiar el Zócalo durante una Copa del Mundo. Ahora sí tiene que hacer todo eso. Y resulta que gobernar y ser aliado incondicional del magisterio disidente son, en momentos como este, actividades incompatibles.
La Coordinadora lo sabe. No moviliza porque espere obtener todo lo que demanda. Moviliza porque es lo único que le ha funcionado con todos los gobiernos —priístas, panistas y ahora de la Cuarta Transformación— y porque la presión es su único lenguaje político posible. El gobierno lo sabe también. Por eso recurre a los mismos mecanismos de deslegitimación que alguna vez prometió no usar.
En ese intercambio de certezas, los únicos que no cuentan con ninguna son los niños de Oaxaca, que llevan otra semana sin clases. Eso no ha cambiado. Ni una coma.
