Hay que reconocerle algo a Claudia Sheinbaum: tiene una capacidad extraordinaria para encontrar adversarios en los lugares más insospechados. Los presidentes ordinarios se pelean con la oposición, con los mercados financieros, con gobernadores díscolos. Ella ha optado por algo mucho más ambicioso: declarar la guerra a un conquistador que lleva 478 años muerto. Y lo está ganando. No hay quien le conteste.
El escenario es difícil de superar en términos de surrealismo político. La Presidenta de México —la primera mujer en ocupar ese cargo, la científica, la progresista— hace sus conferencias mañaneras desde el Palacio Nacional. Ese palacio. El mismo que mandó a construir Hernán Cortés sobre las ruinas de Tenochtitlán. Cada mañana, Sheinbaum camina por pasillos que el propio Cortés encargó, toma asiento en un edificio cuya primera piedra fue colocada por su archienemigo y desde ahí, con toda la solemnidad del cargo, le explica a México por qué ese hombre fue una calamidad histórica. La ironía es tan gruesa que podría servir de mampara.
No es que la discusión histórica carezca de mérito. La Conquista fue brutal. Las actas lo documentan. El edicto de 1548 que la Presidenta difundió con tanto entusiasmo detalla horrores concretos: el herraje de mujeres y niños como si fueran ganado. Nadie medianamente informado sale a defender eso. El problema no es el debate histórico. El problema es la proporción: la urgencia política con la que se administra un agravio del siglo XVI mientras ciertos agravios del siglo XXI reciben un tratamiento notablemente más delicado.
Porque hay otra guerra que la Presidenta prefiere no librar con tanto ímpetu: la que tiene nombre, apellido, cargo vigente —aunque sea con licencia— y una acusación formal en el Distrito Sur de Nueva York. Se llama Rubén Rocha Moya. Fue gobernador de Sinaloa. Y según la Fiscalía federal estadounidense, habría recibido el apoyo del Cártel de Sinaloa —la facción de Los Chapitos— para ganar las elecciones de 2021 a cambio de protección y nombramientos clave, además de estar vinculado a cargos de conspiración para importar fentanilo y posesión de armas de alto calibre.
Ante este señalamiento, la respuesta de Sheinbaum ha sido un ejercicio de garantismo selectivo tan fino que merece estudio académico. «Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre que es culpable», proclamó en la mañanera. Correcto en principio, admirable en teoría. Pero uno no puede dejar de notar que esa misma generosidad jurídica no se extiende, por ejemplo, a Hernán Cortés, quien no ha sido sometido a ningún proceso con garantías del debido proceso antes de que la Presidenta lo declarara culpable de todos los males del país desde tiempos inmemoriales.
Para el muerto: condena histórica inapelable. Para el gobernador acusado de tráfico de fentanilo: presunción de inocencia y paciencia institucional.
El desenlace, por ahora, es revelador. Rocha Moya pidió licencia el 2 de mayo argumentando una «convicción republicana». Qué noble. La FGR, brazo armado de la justicia mexicana, no ha girado orden de aprehensión alguna. No hay detención preventiva. El hombre está, en términos prácticos, paseándose por Sinaloa mientras sus supuestos socios distribuyen el fentanilo que está matando decenas de miles de estadounidenses cada año. Pero claro: no hay «pruebas contundentes e irrefutables». Solo una acusación formal de la justicia federal de la primera potencia mundial, con expedientes y todo. Eso no alcanza. Lo que sí alcanza, aparentemente, es un edicto de 1548 para condenar a un muerto.
La visita de Isabel Díaz Ayuso fue el detonante perfecto. La presidenta madrileña llegó a México a reivindicar el mestizaje y a colocar flores simbólicas sobre la memoria de Cortés, y Sheinbaum le respondió en Puebla, el 5 de mayo, con una frase que ya circula en camisetas y cuentas de redes sociales afines: «Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota.» Dramático. Efectivo. Políticamente rentable. Y completamente a salvo de cualquier represalia, porque el destinatario del mensaje lleva casi cinco siglos sin poder defenderse.
Esa es la comodidad de pelear con la Historia: no replica. No da conferencias de prensa. No tiene abogados. No puede acusar de injerencia extranjera. Hernán Cortés es el enemigo ideal: odiado por la mayoría, incapaz de contraatacar, y útil para trazar una línea entre «los nuestros» y «los de ellos» en cada ciclo electoral. El PAN ya se dio cuenta y canceló sus homenajes al conquistador. Hasta ellos entienden que abrazar a Cortés en México es un suicidio político. La Presidenta lo sabe y lo explota con maestría.
Lo que ya es más difícil de sostener es la coherencia del relato. Sheinbaum defiende a los pueblos originarios con admirable vehemencia histórica —y tiene razón en hacerlo— pero gobierna desde la casa que construyó el hombre al que acusa. Renombra plazas y remueve estatuas, pero no remueve gobernadores acusados de pactar con los mismos carteles que durante décadas han masacrado, desaparecido y desplazado a comunidades indígenas de Sinaloa, Guerrero y Michoacán con una eficacia que a Cortés le habría resultado envidiable.
Si la Conquista fue la gran tragedia fundacional de México —y lo fue— el fentanilo es la tragedia en curso. Los muertos de Sinaloa no son de 1521. Son de 2024, de 2025, de este año. Y quienes los matan no usan arcabuz ni espada. Usan dinero, impunidad y, presuntamente, gobernadores que ganan elecciones con su ayuda.
Claudia Sheinbaum puede seguir debatiendo con Hernán Cortés todo lo que guste. Tiene argumentos, tiene documentos y tiene razón en buena parte de lo que dice. Pero gobernar no es solo ganar debates históricos. Es también enfrentar a los conquistadores del presente, a los que no salen en los libros de texto todavía, a los que sí pueden contestar, a los que sí tienen consecuencias políticas reales dentro de Morena.
Esos son los más difíciles de combatir. Y por eso, claro está, es mucho más cómodo pelear con los que ya están enterrados.
