El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de conspirar con el Cártel de Sinaloa para introducir narcóticos a territorio estadounidense. Su respuesta fue serena, casi despreocupada: «Estamos tranquilos. No va a pasar nada.» Esa tranquilidad debería inquietarnos a todos.
No estamos hablando de una filtración periodística, de un rumor de pasillo ni de la acusación de un enemigo político. Estamos hablando del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, presentando cargos formales ante una corte federal en el Distrito Sur de Nueva York, con fiscal nombrado, jueza asignada y una lista de nueve acusados que incluye al gobernador en funciones, a un senador de la República, al presidente municipal de Culiacán y a varios mandos policiales. Eso no es un rumor. Eso es un expediente.
Según la acusación, «Los Chapitos» ayudaron a elegir a Rocha Moya: intimidaron rivales, secuestraron opositores, allanaron el camino. Y él, una vez gobernador, habría pagado la deuda con protección. Reuniones. Cobijo. Ruta libre hacia el norte. Si eso es cierto —y un tribunal lo determinará— no estamos ante corrupción común. Estamos ante un gobierno capturado desde su origen.
La respuesta del gobierno mexicano siguió un guión ya conocido. El fiscal Ulises Lara dijo que la solicitud no venía acompañada de pruebas suficientes. Noroña salió a defender al gobernador con indignación de tribuna: «¡No se le ha presentado una sola prueba!» El senador Adán Augusto cruzó el patio sin responder. Y los diputados de Morena, fieles a su instinto de manada, resucitaron un video de 2024 en el que ellos mismos respaldaban a Rocha en circunstancias similares, como si la repetición de un error lo convirtiera en virtud.
«No se le ha presentado una sola prueba», dice Noroña. Lo que no dice es que esas pruebas no se presentan en un mitin ni en una rueda de prensa. Se presentan ante una jueza federal. Y ya están ahí.»
Hay un antecedente que nadie en el gobierno quiere recordar pero que está en video: en agosto de 2024, cuando «El Mayo» Zambada publicó su carta señalando a Rocha Moya como partícipe en la trampa que derivó en su captura, la presidenta Claudia Sheinbaum lo defendió. Hoy, con cargos formales del DOJ encima de la mesa, el silencio presidencial es tan elocuente como cualquier declaración. Ella ya sabe que defendió al que no debía. La pregunta es si lo admitirá.
El caso tiene además una dimensión que va más allá de Sinaloa. Entre los acusados hay un senador en funciones, Enrique Inzunza, de Morena. Un senador que hoy legisla, que vota, que representa formalmente a los ciudadanos de ese estado, y que según el DOJ colaboró con una organización criminal. ¿Va a seguir en su curul? ¿El Senado va a sesionar como si nada? ¿O alguien en Morena va a tener la entereza de pedir su separación del cargo mientras se aclara el asunto?
Vale la pena recordar que en 2021, cuando Rocha era candidato, dijo en entrevista que no era «capo ni narcotraficante», pero que respecto a la coordinación con el crimen organizado, había que «buscar una forma de hacerlo». Esa frase quedó grabada. Hoy adquiere una resonancia que ya no se puede ignorar.
La presunción de inocencia es un principio que hay que respetar —y este columna lo respeta. Pero la presunción de inocencia no obliga a nadie a hacer silencio, a mirar hacia otro lado ni a aplaudir mientras un gobernador acusado de narcotráfico le dice al país que está tranquilo. La tranquilidad de Rocha Moya no es una garantía de su inocencia. Es, en todo caso, una señal de que alguien le prometió que, en efecto, no va a pasar nada. Y eso es exactamente lo que debería preocuparnos.
