Hay historias que parecen repetirse en México. Y hay otras que, por su dimensión, rompen cualquier precedente. La acusación presentada en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve altos funcionarios —en activo y retirados— pertenece, sin duda, a la segunda categoría.
No es una investigación cualquiera. Es, en términos políticos, un misil directo al corazón del poder estatal.
De acuerdo con la acusación desclasificada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, encabezada por Jay Clayton, y respaldada por la Drug Enforcement Administration, lo que se dibuja es una estructura de colaboración sistemática entre autoridades de Sinaloa y el Cártel de Sinaloa.
No se trata de omisiones. Se trata, según el documento, de complicidad activa.
La acusación sostiene que estos funcionarios —incluyendo al senador Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil— habrían participado en una red que facilitó el tráfico masivo de drogas hacia Estados Unidos: fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina. Todo, a cambio de dinero, protección política… y poder.
La gravedad escala aún más.
Según la narrativa judicial, algunos de los acusados no solo protegían cargamentos o filtraban información sensible. Habrían participado directamente en actos de violencia: secuestros, torturas, asesinatos. El caso más extremo: el de Juan Valenzuela Millán, acusado de colaborar en el secuestro y asesinato de un informante de la DEA.
Es decir: el aparato del Estado —o al menos parte de él— presuntamente operando como brazo del crimen organizado.
El señalamiento más delicado apunta directamente al gobernador Rocha Moya. La acusación afirma que su llegada al poder en 2021 no habría sido solo producto de las urnas, sino también del respaldo de una facción del cártel: los llamados “Chapitos”, hijos de Joaquín Guzmán Loera.
¿La moneda de cambio? Protección total.
Reuniones, acuerdos, promesas. Según el expediente, una relación en la que el poder político garantizaba impunidad, mientras el crimen aseguraba control territorial… y electoral.
El mensaje de Washington es claro: nadie está fuera de alcance.
Pero en México, la pregunta es otra.
¿Qué hará el gobierno federal ante una acusación de este calibre? ¿Habrá investigación propia? ¿Se desestimará como injerencismo? ¿O, como ha ocurrido en otros casos, se optará por el silencio estratégico?
Porque aquí no solo está en juego la reputación de un gobernador. Está en juego la credibilidad de las instituciones.
Durante años, el discurso oficial ha insistido en que la estrategia de seguridad es distinta, que la corrupción ya no es tolerada, que el poder no está al servicio del crimen. Esta acusación, cierta o no —porque legalmente aún es eso, una acusación—, golpea directamente esa narrativa.
Y lo hace desde fuera.
El caso abre una grieta incómoda: la dependencia de investigaciones extranjeras para exhibir posibles redes de corrupción internas. Una constante que, lejos de resolverse, parece profundizarse.
Porque cuando las acusaciones más graves contra políticos mexicanos vienen desde tribunales estadounidenses, el mensaje implícito es demoledor: algo no está funcionando en casa.
Falta mucho por saberse. Falta ver si habrá órdenes de captura, extradiciones, reacciones diplomáticas. Falta, sobre todo, conocer la respuesta política en México.
Pero algo ya quedó claro.
El expediente Sinaloa no es solo un caso judicial. Es una prueba de estrés para el sistema político mexicano.
Y esas, rara vez terminan bien.
