En México, las reformas electorales solían ser pactos de Estado. Hoy son actos de poder.
El Senado aprobó en lo general el llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ochenta y siete votos a favor, cuarenta y uno en contra. Una mayoría cómoda. Una señal política contundente. Pero también una alerta: cuando las reglas de la democracia se cambian desde una sola trinchera, el problema no es la aritmética legislativa, es la legitimidad.
Porque la democracia no se mide solo en votos. Se mide en contrapesos.
El oficialismo ha construido un argumento atractivo: reducir costos, eliminar privilegios, obligar a la austeridad. ¿Quién podría oponerse a que ningún funcionario electoral gane más que la presidenta? ¿Quién defendería burocracias infladas o congresos dispendiosos? El planteamiento seduce porque apela al hartazgo ciudadano. Pero ahí está el riesgo: usar ese hartazgo como bisturí… sin explicar qué órganos vitales se están tocando.
El recorte a los organismos electorales, la presión presupuestal a congresos locales y la reconfiguración de ayuntamientos no son ajustes administrativos. Son decisiones que impactan directamente en la capacidad operativa del sistema democrático. Menos recursos no siempre significan más eficiencia; a veces significan menos vigilancia, menos autonomía, menos capacidad de resistir presiones políticas.
Y en democracia, eso cuesta.
El episodio del artículo 35 lo deja claro. La intención de modificar la fecha de la revocación de mandato —uno de los mecanismos más poderosos de participación ciudadana— terminó atorada incluso dentro del bloque oficialista. No fue la oposición la que frenó. Fueron los propios aliados. El PT se desmarcó. Y eso revela algo más profundo: ni siquiera entre quienes impulsan la reforma hay consenso sobre hasta dónde debe llegar.
Cuando una reforma que redefine las reglas del juego no logra cohesionar ni a sus promotores, el mensaje es preocupante.
Más aún cuando el contexto internacional empieza a encender focos rojos. El diagnóstico del V-Dem Institute es brutal: México ya no es considerado una democracia plena, sino una “autocracia electoral”. No significa que no haya elecciones. Significa que las condiciones en las que se compite, se regula y se arbitra el poder están deteriorándose.
Y ahí es donde el Plan B deja de ser una reforma administrativa para convertirse en una pieza de un rompecabezas más grande.
Porque no es un hecho aislado. Se suma a la concentración de poder político, a la presión sobre organismos autónomos, a la narrativa constante de deslegitimación de árbitros electorales y a una polarización que convierte cualquier crítica en traición. Es el contexto completo el que redefine el sentido de esta reforma.
La democracia no muere de un solo golpe. Se erosiona.
Se debilita cuando los árbitros tienen menos margen. Cuando los recursos se restringen selectivamente. Cuando las reglas se cambian sin consenso. Cuando el poder se acumula sin suficientes contrapesos.
El oficialismo dirá que está limpiando el sistema. La oposición dirá que lo están capturando. La realidad, como suele ocurrir, está en lo que viene después.
Si tras esta reforma hay elecciones más equitativas, instituciones más fuertes y ciudadanos más protegidos, entonces el discurso habrá tenido razón. Pero si lo que vemos es menor capacidad de vigilancia, menor independencia institucional y mayor control político sobre los procesos, entonces no será austeridad: será debilitamiento democrático.
La historia no juzga las reformas por sus intenciones. Las juzga por sus consecuencias.
Y en el caso del Plan B, la pregunta ya no es qué promete… sino qué está poniendo en riesgo.
