Ana Luisa Cantoral.— En Oaxaca y en México se decidió que una paciente con cáncer podía esperar, pero la agenda política nunca.
Y esa decisión, aunque se maquille de discurso, también mata.
A sus 48 años, “Mariana” (nombre ficticio por temor a represalias) vive con cáncer desde hace cinco años. Su lucha es contra la enfermedad y, al mismo tiempo, contra un sistema de salud que, de manera reiterada, le ha negado el medicamento oncológico que necesita para seguir con vida.
En hospitales públicos de Oaxaca, la respuesta se repite con una frialdad burocrática: “no hay medicamento”. Esa frase significó, en varios momentos, la suspensión de su quimioterapia, no por decisión médica, sino por desabasto.
La ausencia de medicamentos es solo una parte del castigo. Cada traslado a una clínica implica dinero que escasea, horas de espera, viajes agotadores y dolor físico para un cuerpo ya debilitado por la enfermedad. Quienes trasladan a una persona enferma cuando el Estado se ausenta son familiares, amigos o, a veces, nadie. El cáncer viaja caro y duele. Y la indiferencia institucional también se mide en kilómetros recorridos.
Interrumpir un tratamiento oncológico no es un trámite menor, ya que reduce la probabilidad de supervivencia y acelera el avance del cáncer.
Aun así, Mariana tuvo que arreglárselas sola. Desesperada, sobrevive gracias a una irregularidad: un amigo médico le consiguió, fuera del sistema público, el medicamento que el propio Estado debía garantizar. No fue un favor, fue un parche ante una omisión institucional.
La ausencia de medicamentos es un grave problema nacional y una omisión local. Entre 2019 y 2023, el sistema público de salud en México acumuló más de 80 millones de recetas no surtidas completamente. En el caso de medicamentos oncológicos, organizaciones civiles han documentado niveles de abasto tan bajos como 13 % en hospitales públicos en distintos periodos recientes.
Oaxaca no es la excepción, es parte del patrón. El cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en el país. Más de 90 mil personas fallecen cada año por esta enfermedad. La pregunta no es si hay recursos; la pregunta es: ¿dónde están?
En hospitales públicos, el abasto de medicamentos contra el cáncer ha llegado a caer hasta 13 % en distintos periodos documentados.
El contraste duele: mientras pacientes suspenden quimioterapias por falta de fármacos, los gobiernos sí encontraron recursos para ejercicios políticos costosos y de dudoso impacto, como la revocación de mandato.
El presupuesto aprobado por el Congreso del Estado para organizar este proceso fue de más de 124 millones de pesos, destinados a consultas con baja participación y resultados previsibles.
Esa cifra, si se destinara exclusivamente a salud, podría haber financiado dosis críticas de tratamientos o reforzado la logística de abasto en clínicas públicas donde hoy el desabasto es una amenaza diaria.
Para el Estado, parece haber dinero para urnas simbólicas, espectaculares y logística electoral; para medicamentos que salvan vidas, no.
La omisión también es responsabilidad, pues negar o retrasar tratamientos oncológicos no es solo mala gestión: es una posible violación a derechos humanos.
Cada suspensión documentada es evidencia. Cada paciente obligado a buscar medicinas “por fuera” es una prueba del colapso.
El artículo 4° de la Constitución establece claramente el derecho a la protección de la salud, pero para personas como Mariana ese derecho existe en el papel, no en la práctica.
Hoy, Mariana sigue viva, no gracias al sistema, sino a pesar de él.
