Ana Luisa Cantoral.- La revocación de mandato en Oaxaca dejó una paradoja democrática difícil de ignorar: una participación ciudadana notoriamente baja terminó siendo el factor que favoreció la continuidad de Salomón Jara como gobernador. Un ejercicio diseñado para medir el respaldo social acabó validando un resultado con una base limitada de apoyo ciudadano.
De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la participación rondó apenas el 28.9 % de la lista nominal, muy por debajo del umbral del 40 % necesario para que el resultado fuera vinculante. En términos simples, más de siete de cada diez personas convocadas no acudieron a las urnas. Aun así, entre quienes sí participaron, la mayoría se inclinó por la continuidad del gobernador.
El dato central no es sólo quién ganó, sino quiénes no estuvieron. La abstención masiva plantea un problema de legitimidad política: resulta insostenible presentar el resultado como un respaldo sólido cuando la gran mayoría del electorado decidió no participar, por desinterés, desconfianza o falta de información. La revocación, en los hechos, fue definida por una minoría.
Este escenario confirma una debilidad estructural del proceso. La revocación de mandato, concebida como un mecanismo de control ciudadano sobre el poder, no logró convertirse en un verdadero ejercicio de democracia participativa. Sin incentivos reales para la participación, sin una campaña pedagógica amplia y con una narrativa oficial que parecía dar el resultado por anticipado, el proceso terminó alejando a la ciudadanía en lugar de convocarla.
A ello se suman anomalías e irregularidades reportadas durante la jornada: problemas logísticos, casillas con baja afluencia, denuncias de presión política y fallas en la organización. Aunque no alteraron el resultado final, estos incidentes sí erosionan la confianza pública en un ejercicio que, por definición, debería ser ejemplar en transparencia y credibilidad.
El gobierno celebró la continuidad como un triunfo político. Sin embargo, la lectura de fondo es menos triunfalista, pues la revocación no generó legitimidad social amplia ni fortaleció el vínculo entre ciudadanía y poder; por el contrario, evidenció la distancia entre ambos y la fragilidad de un mecanismo que, en estas condiciones, corre el riesgo de convertirse en un trámite político más que en una herramienta de rendición de cuentas.
La lección es clara: para que la revocación de mandato funcione como un instrumento democrático auténtico, no basta con instalar urnas y contar votos; se requiere participación informada, reglas claras, condiciones de equidad y, sobre todo, voluntad política para aceptar que el poder también debe someterse a una evaluación ciudadana real, no simbólica.
Hoy, la revocación en Oaxaca deja un mensaje incómodo pero necesario: falta mucho para que estos procesos sean verdaderamente democráticos, transparentes y representativos. Celebrar el resultado sin asumir esa realidad sería confundir legalidad con legitimidad. Y esa, en democracia, nunca es una buena señal.
