Autoridades comunales y municipales de San Pedro El Alto, localidad perteneciente a Zimatlán de Álvarez, denunciaron el secuestro reciente de varios de sus pobladores presuntamente a manos de grupos armados provenientes de Santa María Lachixio, con la supuesta complicidad del Gobierno del Estado de Oaxaca. Como medida de protesta, un grupo de comuneros se manifestó este lunes frente al Palacio de Gobierno para exigir intervención federal y respeto a su territorio comunal.
Durante la protesta, representantes comunales recordaron que el conflicto agrario con Santa María Lachixio data del año 2002, cuando esta comunidad interpuso una demanda por límites territoriales. Pese a que el diferendo fue resuelto con un convenio finiquito firmado en octubre de 2007 y ratificado como sentencia por el Tribunal Unitario Agrario en enero de 2008, los ataques continuaron. El acuerdo incluyó la cesión del 30% del territorio en disputa y compensaciones económicas millonarias para ambas partes.
Desde entonces, habitantes de San Pedro El Alto aseguran haber sido blanco de una serie de agresiones que incluyen la retención y golpizas a comuneros en 2014, la quema de viviendas y enfrentamientos armados en 2015, así como ataques constantes a rancherías como Las Huertas y El Pajarito.
El caso más reciente ocurrió el pasado 19 de abril de 2025, cuando autoridades de San Pedro El Alto fueron nuevamente retenidas, golpeadas y despojadas de sus pertenencias en un nuevo acto de violencia. “El gobierno ha hecho oídos sordos. Hemos cumplido con la legalidad, con los convenios, y aún así seguimos siendo víctimas. ¿Hasta cuándo se va a permitir esta violencia?”, cuestionó un representante comunal en conferencia de prensa.
Los comuneros señalaron que actualmente temen por la vida de sus compañeros secuestrados y por la seguridad de la población en general. Además, acusan que los grupos armados operan con la permisividad de las autoridades estatales, lo que ha agravado el clima de impunidad.
San Pedro El Alto reiteró su exigencia a los gobiernos estatal y federal para que se garantice la seguridad de la comunidad, se investigue el paradero de los comuneros retenidos, y se respeten los acuerdos agrarios vigentes.