Con el propósito de evitar violaciones masivas a derechos humanos de las personas extranjeras de difícil o imposible reparación, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dirigió la Alerta Temprana 04/2023, a las Secretarías de Gobierno, Salud, Seguridad y Protección Ciudadana, a la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos y a la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, instancias dependientes del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como a los Municipios de Chahuites, San Pedro Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, Santiago Niltepec, Santo Domingo Ingenio, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Jalapa del Marqués y Magdalena Tequisistlán, ante el incremento de flujos de personas extranjeras en contexto de migración internacional.
En el marco de sus atribuciones, los días 24, 25 y 26 de agosto de 2023, personal de esta DDHPO realizó recorridos en los municipios de Chahuites, San Pedro Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, Santiago Niltepec, Santo Domingo Ingenio, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Jalapa del Marqués y Magdalena Tequisistlán, ubicados en la región del Istmo.
De la información proporcionada por autoridades municipales se evidenció que en las últimas semanas se ha generado un incremento considerable de personas migrantes que transitan por esa región, siendo aproximadamente entre 200 a 500 extranjeros que diariamente circulan por esos municipios, provenientes principalmente de Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua, Chile, Ecuador y Senegal, quienes se integran en grupos, en los que se encuentran Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).
Se constató que la mayoría de las personas extranjeras se concentran en las terminales de autobuses o en tiendas de conveniencia a la espera de que sus familiares les realicen depósitos de dinero para comprar boletos con destino principalmente a la Ciudad de México o al norte del país, lo que ha ocasionado que muchos duerman sobre las banquetas de las calles aledañas, provocando la saturación de los servicios sanitarios y de transporte, situación que complica la prestación de dichos servicios para la población que regularmente habita esos municipios, lo que podría generar un conflicto social.
Por otra parte, esta DDHPO evidenció que agentes del INM y de la Guardia Nacional, obligan a las personas extranjeras a bajar de los autobuses en los que se transportan, impidiéndoles continuar con su trayecto, indicándoles que si quieren llegar a su destino lo hagan caminando, sin importar que en los núcleos familiares viajaban NNA, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, eventos que ocurren de día, noche y madrugada. Aunado a lo anterior, existen algunas empresas de transporte público, que se niegan a venderles boletos a los migrantes, bajo el argumento de que son órdenes del INM.
Estos impedimentos, obligan a las personas extranjeras a buscar otras alternativas de transporte, como son taxis y moto taxis, quienes ofrecen sus servicios para evadir los filtros migratorios a cambio de cuotas elevadas. Asimismo, se pudo detectar el servicio de autobuses que de manera clandestina les ofrecen el transporte hacia la Ciudad de México a cambio de cantidades excesivas de dinero, lo que en muchas ocasiones favorece que las personas migrantes caigan en redes de traficantes, cuyos transportes en ocasiones se han visto involucrados en accidentes carreteros.
También, se comprobó que grupos de personas migrantes se ven en la necesidad de realizar largas caminatas sobre la carretera que conecta con los diferentes municipios que conforman la zona del Istmo, sin contar con los insumos necesarios para protegerse de las altas temperaturas de la región, exponiendo a NNA, mujeres embarazadas y personas adultas mayores, a sufrir violaciones a sus derechos humanos, confirmando además que no existe presencia de alguna autoridad federal, estatal o municipal que brinde ayuda humanitaria a las personas extranjeras.
Bajo este contexto social, se solicitó a la Secretaría de Gobierno, que a través del diálogo y la concertación, intervenga en las situaciones que llegaren a presentarse y que pudieran trastocar las relaciones armónicas de las comunidades por el tránsito de las personas migrantes. Por su parte, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se le pidió que en coordinación con las instancias de los gobiernos federal y municipal, se realicen las acciones de seguridad y vialidad necesarias para prevenir accidentes y brindar seguridad a las personas que transiten por la región de Istmo, así como a los habitantes de esas comunidades.
También se requirió a la Secretaría de Salud del Estado, para que brinde atención médica y psicológica en caso de que así lo requieran las personas migrantes, y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, para que otorgue servicios de asistencia social, especialmente a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, en coordinación con la Secretaría de Salud y los municipios. Del mismo modo, a la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, se le solicitó la elaboración y ejecución de las medidas necesarias para la prevención de situaciones de riesgo que pudieran atentar contra la integridad de las personas migrantes.
Finalmente, se instó a los Presidentes Municipales de Chahuites, San Pedro Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, Santiago Niltepec, Santo Domingo Ingenio, Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec, Santa María Jalapa del Marqués y Magdalena Tequisistlán, para que a las personas migrantes que transiten por sus demarcaciones, se les respeten sus derechos humanos y a través de las instancias de seguridad, salud y asistencia social con las que cuenten, se brinde el apoyo necesario en la medida de sus posibilidades.
La alerta temprana 04/2023 ya fue notificada a sus destinatarios y puede consultarse en la página web de esta Defensoría.
