La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal indicó este miércoles que presentó una solicitud formal a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , Norma Piña, para que se determine la constitucionalidad del decreto con el que se expidió en 2018 la Ley General de Comunicación Social —fragmento de la primera parte del plan B—, antes de que se analice su reforma de diciembre de 2022.
