Para evitar que los gobiernos estatal y municipal hereden deudas con proveedores a las siguientes administraciones, el Congreso de Oaxaca estudia una serie de reformas a tres leyes y al Código Penal del Estado.
El propósito de las modificaciones es que desde la ley se obligue a las dependencias estatales y municipales a pagar los servicios a las empresas contratadas, antes de que terminen sus administraciones.
Y es que, por citar algunos ejemplos, en 2016 el gobierno estatal en turno dejó un adeudo a proveedores por alrededor de 2 mil 500 millones de pesos. De igual manera, el actual gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, para el periodo 2022-2024, reportó que la deuda heredada por la anterior administración asciende a 386 millones de pesos.
De acuerdo con el proyecto de la iniciativa de reforma, estas situaciones se vuelven comunes cada fin de periodo de gobierno, lo cual afecta a la hacienda pública de la administración entrante, comprometiendo sus recursos públicos para el pago de las obligaciones de la autoridad saliente, asimismo, se perjudica a las empresas que dejan de percibir recursos, y por consiguiente, a sus empleados, y en general a la economía local.
Bajo este contexto, la 65 Legislatura considera prioritario se generen mecanismos que prevengan y sancionen el incumplimiento de pago a proveedores por parte de funcionarios en turno y que cuando se contrate algún bien o servicio, se garantice la capacidad económica de la dependencia, a fin de evitar afectaciones tanto en el desempeño de un nuevo gobierno como en el patrimonio de los comerciantes y empresarios; se establece también, la transparencia de esta estrategia.
Esta propuesta presentada por la diputada Miriam de los Ángeles Vázquez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, busca que se reformen las leyes de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca; el Código Penal del Estado, así como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Oaxaca.
Se encuentra en estudio en las Comisiones Permanentes de Administración Pública y Administración y Procuración de Justicia.
