Organizaciones feministas denuncian intento de destituir a primera presidenta municipal de Zapotitlán Palmas, Oaxaca

Diversas organizaciones feministas y colectivas de mujeres alzaron la voz este jueves para condenar el intento del Congreso del Estado de Oaxaca de desaparecer los poderes en el municipio de Zapotitlán Palmas, acción que implicaría la destitución de su actual presidenta municipal, Inés Martínez Reyes, la primera mujer en ocupar dicho cargo.
En un pronunciamiento dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a diversas instancias estatales y electorales, las firmantes alertaron que esta medida responde a intereses ajenos a la comunidad y representa un acto de violencia política de género, pues las autoridades pretenden cesar a una mujer indígena elegida en Asamblea bajo el sistema normativo interno.
Martínez Reyes, junto con las regidoras Elodia López Martínez (Salud) y Gabriela Soriano Martínez (Educación), ha denunciado desde el inicio de su gestión agresiones y hostigamiento político por parte del síndico municipal y el regidor de Hacienda, quienes ya fueron sancionados con sentencia firme por violencia política de género, conforme al expediente PES/03/2024 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) en julio de 2024.
A pesar de esta resolución, las agresiones continúan y, según las organizaciones, las instituciones como el Congreso local, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de las Mujeres y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca han omitido intervenir de manera efectiva, lo que ha derivado en la revictimización de las autoridades municipales afectadas.
Además, se denunció que desde enero de 2025, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, ha retenido los recursos federales correspondientes al municipio, bajo el argumento de “ingobernabilidad”, afectando no solo el ejercicio del gobierno local sino también los derechos de toda la población.
Las firmantes advirtieron que este tipo de acciones sientan un grave precedente para la participación política de las mujeres, particularmente de aquellas que ejercen cargos en municipios regidos por sistemas normativos indígenas. «Nos preocupa profundamente que el machismo y la misoginia sigan presentes en las estructuras de poder», señalaron.
Por ello, exigieron a las autoridades garantizar la protección de la presidenta y regidoras, así como su pleno ejercicio en el cargo para el que fueron electas democráticamente, además de asegurar una vida libre de violencia, conforme lo establece la legislación nacional e internacional en materia de derechos humanos.
El posicionamiento fue suscrito por al menos una decena de organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos y activistas, entre ellas el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, la Red Nacional de Abogadas Indígenas, CLADEM México y la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México.