Organizaciones denuncian despojo, violencia y megaproyectos en Oaxaca; exigen justicia y respeto al territorio.

Diversas organizaciones sociales y comunitarias de Oaxaca denunciaron que el estado atraviesa un contexto complejo marcado por conflictos territoriales, violencia, imposición de proyectos y una creciente disputa por la tierra, el agua y los bienes naturales. A través de un pronunciamiento público, señalaron que en distintas regiones se han documentado procesos de despojo que, aseguran, están impulsados por intereses políticos, empresariales y grupos vinculados al crimen organizado.
Las organizaciones advirtieron que, en muchos casos, las comunidades enfrentan estas situaciones en medio de la omisión o presunta complicidad de autoridades, lo que ha generado un clima de tensión y preocupación en diferentes zonas del estado.
En el documento también alertaron sobre el aumento de hostigamientos contra personas que defienden el territorio. Defensoras y defensores de derechos humanos, autoridades comunitarias, periodistas y habitantes que denuncian irregularidades han sido objeto de amenazas, agresiones y campañas de criminalización. De acuerdo con el pronunciamiento, en varios casos se han iniciado procesos judiciales contra integrantes de comunidades y organizaciones, lo que consideran un uso de mecanismos legales para frenar las resistencias sociales.
El posicionamiento se da en el marco del avance de diversos proyectos de infraestructura y extractivos en la entidad, entre ellos el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ampliaciones carreteras, proyectos mineros en distintas regiones y proyectos energéticos, particularmente parques eólicos en el Istmo. Para las organizaciones firmantes, estas obras forman parte de una reconfiguración territorial orientada a facilitar la explotación de recursos y el desarrollo de corredores logísticos, frecuentemente sin respetar los derechos de los pueblos originarios.
Una de las preocupaciones centrales se encuentra en la región de la Costa, donde comunidades denuncian el avance de proyectos turísticos e inmobiliarios que, afirman, buscan apropiarse de territorios comunales y limitar el acceso público a las playas. Señalaron que este fenómeno forma parte de una dinámica que se repite en diversas regiones del país, donde espacios de uso colectivo son privatizados.
Las organizaciones también recordaron la lucha histórica de sectores urbanos como el Frente Popular 14 de Junio, surgido tras la movilización social de 2006 en Oaxaca. En ese contexto mencionaron el caso de comerciantes organizados que desde el 1 de mayo de 2007 se instalaron en un terreno que anteriormente era utilizado como basurero frente al Parque del Amor, en la capital del estado. Con el paso del tiempo, el espacio fue transformado en una zona comercial de la que actualmente dependen más de 200 familias.
Sin embargo, indicaron que estos comerciantes enfrentan ahora la posibilidad de ser desplazados por la construcción de un distribuidor vial impulsado por el gobierno estatal. Los trabajadores señalaron que no se oponen al proyecto de infraestructura, pero piden que se revise el diseño para evitar afectar su fuente de ingresos.
Las organizaciones también exigieron avances en diversos casos de justicia y conflictos agrarios, entre ellos la judicialización de carpetas de investigación por presuntos actos de tortura, despojo de tierras y asesinatos ocurridos en distintas regiones del estado. Asimismo, demandaron castigo a responsables de agresiones contra integrantes de comunidades, así como el respeto a los espacios de trabajo de comerciantes y la devolución de tierras a pobladores afectados.
Entre otras demandas, también manifestaron su rechazo a proyectos eólicos impulsados por empresas privadas, a la privatización de playas y manantiales, así como a procesos de gentrificación y turistificación que, señalan, están provocando desplazamientos de comunidades.
El pronunciamiento fue firmado por diversas organizaciones agrupadas en el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO), entre ellas el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI), el Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos de Oaxaca (CODEPO), el Frente Indígena Zapoteco (FIZ), el Consejo de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur (COCISS), el Frente Popular 14 de Junio y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).
Finalmente, las organizaciones afirmaron que continuarán movilizándose para defender la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos, al considerar que lo que está en juego es el acceso a los recursos naturales y la posibilidad de que las comunidades decidan sobre su propio futuro.