Por Ana Luisa Cantoral
Ayer, dos niñas haitianas murieron bajo resguardo del DIF Estatal, estaban bajo custodia pública, lo que significa que el Estado era responsable de su integridad, y en Oaxaca, el rostro institucional del DIF tiene nombre, Irma Bolaños.
La destitución de dos funcionarias no responde a la dimensión del hecho, sobre todo cuando una institución encargada de proteger a la infancia falla de manera fatal, la responsabilidad no debería romperse en el eslabón más débil.
Sino que se tiene que revisar la cadena completa, empezando por quien la encabeza.
Máxime cuando días antes, trabajadores denunciaron abusos, explotación e irregularidades que simplemente se desestimaron, no hubo investigación pública ni medidas correctivas visibles. Hoy, la omisión pesa más que cualquier comunicado.
El DIF no debería ser un programa de revista, pues es el eje de la política asistencial, y en el que a nivel nacional, el presupuesto asignado al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y sus equivalentes estatales suma miles de millones de pesos anuales destinados a protección, alimentación y resguardo de menores. De acuerdo con cifras del INEGI, decenas de miles de niñas, niños y adolescentes viven bajo tutela institucional en el país. Cada peso ejercido en esos centros debería traducirse en supervisión estricta, personal capacitado y protocolos auditables.
Sin embargo, cuando existen señalamientos de nepotismo (familiares en cargos clave, perfiles sin acreditación profesional en áreas sensibles) la discusión deja de ser política y se vuelve técnica.
Ahora bien, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a garantizar el interés superior de la niñez y a supervisar de forma permanente los centros de asistencia social que de no cumplir con lo anterior, ya no sería un error administrativo, sino más bien un incumplimiento legal.
Por ejemplo, en otros estados, tragedias similares han derivado en intervenciones federales, auditorías extraordinarias y procesos penales contra directivos, no solo contra personal operativo y Oaxaca no puede aspirar a menos.
Si en el DIF hubo nombramientos por cercanía y no por competencia, la responsabilidad política recae en quien avaló esas designaciones, y si las denuncias internas fueron ignoradas, la responsabilidad administrativa recae en quien decidió no investigar, en pocas palabras, si el sistema falló en prevenir, la responsabilidad institucional alcanza directamente a la dirección.
Irma Bolaños no es responsable por estar al frente del DIF; es responsable por lo que ocurre bajo su conducción. Gobernar implica asumir consecuencias, no administrarlas mediáticamente.
Oaxaca merece una investigación independiente, auditoría presupuestal, revisión de perfiles y publicación íntegra de resultados. Y si existen responsabilidades penales, que se determinen con nombre y fecha sin blindajes políticos.
Dos niñas murieron en un espacio que debía protegerlas.
Independientemente de las cambios de personal, la duda si habrá rendición de cuentas real, o solo taparan el pozo.
Recuerde gobernador , que cuando el nepotismo sustituye a la competencia en áreas de protección infantil, no se compromete una oficina, se comprometen vidas.
