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Gobierno presume bienestar, tolera el maltrato



Por Ana Luisa Cantoral

Encerrar a un niño en un cuarto oscuro por no comer, negarle atención médica a menores con diabetes o insuficiencia renal y utilizar una Cámara de Gesell (espacio diseñado para entrevistas psicológicas) como presunto sitio de castigo; así denuncian que son las prácticas de maltrato físico y psicológico en casas hogar del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Para el ejercicio fiscal 2025, el Gobierno de Oaxaca destinó recursos millonarios a programas sociales y, dentro de ese paquete, el rubro de Asistencia Social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca recibió más de 1 mil 147 millones de pesos. Esto forma parte de un total superior a 4 mil 491 millones de pesos etiquetados para programas sociales en el estado.

En términos presupuestales, no hablamos de migajas, ya que el estado aprobó un presupuesto global superior a 103 mil millones de pesos para 2025, con un crecimiento en el gasto destinado a programas de bienestar en comparación con el año anterior.

Sin embargo, según testimonios videograbados y denuncias de trabajadores y extrabajadores, documentados originalmente por el medio electrónico Primera Línea, el destino de esos recursos no se traduce en condiciones dignas ni en respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes bajo custodia estatal.

De acuerdo con una serie de videos ampliamente difundidos, los denunciantes señalan prácticas que, de acreditarse, constituirían violaciones flagrantes a derechos humanos y a normativas tanto nacionales como internacionales.

Entre las acusaciones se encuentran alimentos en mal estado o quemados que, en lugar de nutrir, perjudican la salud de los menores.

También se denuncia la omisión de atención médica para niñas y niños con enfermedades crónicas, como diabetes o insuficiencia renal, pese a contar con recursos presupuestales asignados a asistencia social.

Por si fuera poco, los testigos narran que el personal encierra a los infantes en espacios oscuros como medida de castigo, así como el uso inapropiado de la Cámara de Gesell (espacio que por ley se utiliza para entrevistas psicológicas y jurídicas en condiciones de confidencialidad) como sitio de castigo.

De confirmarse estos hechos, no se trataría de meras irregularidades administrativas, sino que podrían encuadrarse en violaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la obligación del Estado de garantizar el interés superior del menor y protegerlo de cualquier forma de violencia.

Además, podrían implicar responsabilidades administrativas y penales para los servidores públicos encargados del resguardo de los menores.

Cabe destacar que las denuncias también se dirigen a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que dirige Elizabeth Lara Rodríguez, debido a que realizó una supervisión que los propios denunciantes califican como “farsa”. Según sus versiones, la visita fue preparada y no incluyó entrevistas confidenciales con adolescentes, lo que sugiere una posible falta de diligencia para proteger a las víctimas.

Si la Defensoría no actúa con independencia y rigor cuando existen señales claras de riesgo, su actuación podría interpretarse como incumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales en materia de derechos humanos.

En tanto, el mandatario estatal, Salomón Jara Cruz, ha defendido la asignación de presupuestos “históricos” a programas sociales en 2025, presuntamente para fortalecer el bienestar de los sectores más vulnerables de Oaxaca. Sin embargo, cuando esos recursos etiquetados para asistencia social y protección a la infancia no se traducen en atención efectiva y respeto a la dignidad de los menores bajo custodia, la responsabilidad política recae directamente en el Ejecutivo estatal.

La niñez oaxaqueña no puede ser moneda de cambio en un discurso de bienestar. Cuando el Estado administra millones pero falla en la protección básica de derechos, no estamos frente a un problema presupuestal, sino ante algo más grave: la falta de responsabilidad al más alto nivel.

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