Ana Luisa Cantoral.— Un video de poco más de dos minutos, difundido ampliamente en redes sociales y plataformas digitales, encendió una alarma que el gobierno de Oaxaca ya no puede seguir ignorando.
En la grabación, un reportero de una televisora mexicana documenta una investigación que expone la existencia de un mercado negro de actas de nacimiento originales, expedidas de manera ilegal por funcionarios del Registro Civil en el estado, a favor de extranjeros indocumentados.
El mecanismo es tan simple como escandaloso: documentos oficiales auténticos, no falsificaciones, son vendidos a precios que oscilan entre los 40 mil y 200 mil pesos. Con estas actas, personas sin derecho legal a la nacionalidad mexicana acceden a identidades nuevas, limpias y plenamente válidas ante las instituciones del Estado.
De acuerdo con la investigación detallada en el video, la alerta se activó en la Embajada de México en Filipinas, cuando una persona con rasgos asiáticos intentó tramitar un pasaporte mexicano en calidad de urgente. Durante la entrevista consular presentó un acta de nacimiento expedida en Tehuantepec, Oaxaca.
El problema surgió cuando, pese a los documentos oficiales presentados —como credencial de elector y licencia de manejo—, el solicitante no hablaba español ni tenía conocimiento alguno del lugar donde supuestamente había nacido. El caso levantó sospechas inmediatas y derivó en un llamado formal de la embajada a las autoridades mexicanas para investigar el origen del documento.
Lo que parecía un incidente aislado destapó una red mucho más profunda. La investigación apunta a una cadena de corrupción que involucra a funcionarios públicos, dirigentes políticos y estructuras de poder, donde la expedición irregular de actas de nacimiento y matrimonio se habría convertido en un negocio sistemático, particularmente en Oaxaca y Chiapas.
El escándalo ya rebasó fronteras. Existe una alerta nacional e internacional por la venta de documentos oficiales mexicanos, un hecho que compromete la seguridad, la credibilidad institucional y la soberanía del país. No se trata únicamente de corrupción administrativa, sino de un riesgo directo para el control migratorio y la identidad nacional.
En Oaxaca, el silencio oficial contrasta con la gravedad de las denuncias. En un contexto marcado por la exigencia ciudadana de rendición de cuentas, la revocación de mandato y antecedentes documentados de redes de corrupción, este caso se convierte en una prueba crítica para el gobierno local, donde ignorarlo implicaría complicidad política.
