Ana Luisa Cantoral.–En Oaxaca, la revocación de mandato del gobernador Salomón Jara ya fue contada, sumada y declarada “ganada”, pero en democracia, conviene recordarlo desde el inicio, los números no siempre cuentan toda la historia, a veces dicen cuánto, pero no dicen cómo.
Por eso, los anuncios de impugnación de la diputada Martha Aracely Cruz (PT) así como de la ONG artículo 39 no deberían verse como pleito político ni como berrinche de perdedores. Lo que se está cuestionando no es el resultado en sí, sino la forma en que se llegó a él, y esa diferencia es clave, aunque no siempre se explique bien.
Y es que, una cosa es ganar votos y otra muy distinta ganar legitimidad, pues la primera se mide en actas; la segunda, en confianza ciudadana.
Sobre todo en un estado donde la gente ha visto durante años cómo los gobiernos se meten en los procesos electorales (a veces con programas sociales, a veces con recursos públicos, a veces con presión directa), las dudas no nacen de la imaginación, nacen de la experiencia.
Por eso, cuando el gobierno parece ser juez y parte, la pregunta de, si el ciudadano decidió libremente o sintió que no había alternativa, es inevitable.
Aquí entra otro dato que no es menor, ya que la participación fue baja, legalmente puede ser suficiente, pero políticamente no es un cheque en blanco, una revocación con poco entusiasmo ciudadano no fortalece al poder; lo deja en observación.
Lo que sigue ahora es igual o más importante que la votación misma, ya que el caso puede llegar a tribunales federales, fuera del ámbito local donde la desconfianza institucional suele ser alta. No es garantía de justicia perfecta, pero sí una oportunidad para revisar si el proceso respetó reglas básicas como equidad, neutralidad del gobierno y libertad del voto.
Para quienes impugnan, el reto es claro, probar lo que muchos dan por hecho. En los tribunales no gana la sospecha, gana la evidencia. Y para el gobierno, incluso una validación con señalamientos puede resultar costosa, las victorias con dudas pesan, no caen de inmediato, pero fragmentan.
Al final, más allá de quién ganó, lo que debería importarnos es qué tan libre fue la decisión de la gente. Porque votar no es solo ir a una urna, sino hacerlo sin presiones, sin condicionamientos y sin sentir que el resultado ya estaba escrito.
La revocación de mandato se pensó para que la ciudadanía evaluara al poder, no para confirmar al poder mismo. Cuando un ejercicio deja dudas, aunque sea legal en el papel, pierde fuerza en la calle, que es donde realmente debe vivir la democracia.
Oaxaca necesita reglas claras y gobiernos que las respeten, gane quien gane. Necesita que el voto vuelva a sentirse útil, no inevitable, porque cuando la gente deja de creer que su decisión cuenta, el problema ya no es de un gobernador ni de una elección.
Es de todos.
Y eso, a la larga, siempre sale más caro.
