Oaxaca amaneció hoy con una paradoja incómoda: hay gobernador en Palacio, pero —según sus detractores— no hay legitimidad en las urnas. La revocación de mandato celebrada este domingo, presentada oficialmente como un ejercicio democrático, terminó convertida en un campo de batalla político donde el Partido del Trabajo acusa fraude monumental y el gobierno estatal presume una victoria que no convence ni a propios ni a extraños.
La narrativa fue fijada desde una conferencia de prensa encabezada por Benjamín Robles Montoya, dirigente estatal del Partido del Trabajo, acompañado por legisladoras, legisladores y representantes del partido ante los órganos electorales. Ahí, el PT cerró filas y lanzó un mensaje único: el pueblo votó para que Salomón Jara se fuera, pero el poder decidió quedarse.
Junto a Robles estuvieron la diputada Maribel Martínez Ruiz, quien habló a nombre del grupo parlamentario del PT; Pablo Munguía, encargado de exponer el análisis de las cifras del PREP y las llamadas “casillas zapato”; y Óscar Ramírez, representante del partido ante los órganos electorales estatales, quien detalló las quejas, recursos legales e impugnaciones presentadas antes, durante y después de la jornada.
También participaron las diputadas Alejandra López y Marta Araceli Aranceli, quienes reforzaron el discurso político y social del partido, subrayando el hartazgo ciudadano, el papel de las mujeres en la defensa del voto y las presiones ejercidas —según denunciaron— en comunidades indígenas y municipios rurales.
Desde ese foro, cargado de adjetivos, advertencias y denuncias, el PT lanzó una acusación frontal: lo ocurrido no fue una consulta democrática, sino un fraude de grandes dimensiones. Salomón Jara fue calificado como “gobernador ilegítimo”, “usurpador” y “pirata”, mientras se denunciaban amenazas, sobornos, intimidación a representantes partidistas y la pasividad —cuando no complicidad— de la autoridad electoral.
Los petistas sostienen que más allá de los números oficiales del PREP existe una realidad paralela documentada con actas, videos y testimonios ciudadanos. Según sus propios cálculos —descontando 724 casillas con votación atípica— el 62% de los votantes habría optado por la revocación del mandato, frente a un 38% que respaldó la permanencia del gobernador. Una diferencia que, aseguran, fue revertida artificialmente.
El dato que más repiten es incómodo: en decenas de casillas se reportaron participaciones superiores al 70% en un proceso que, en el resto del estado, apenas alcanzó el 30%. Ahí —afirman— se concentró la operación política, el acarreo, el miedo y el dinero público.
La acusación no se quedó en el terreno local. Desde la conferencia, el PT anunció que acudirá a instancias nacionales e incluso internacionales para denunciar lo ocurrido. La estrategia no es solo jurídica: es política. Buscan fijar un relato que acompañe a Jara durante el resto de su sexenio. Gobernar, sí. Convencer, no.
Hay otro elemento que pesa: el silencio. Mientras en Oaxaca se gritaba “fraude”, la narrativa nacional pasó de largo. En Palacio Nacional no hubo mención, ni matiz, ni deslinde. Para los denunciantes, ese silencio también dice algo.
El trasfondo es más profundo que una revocación fallida. Lo ocurrido deja al descubierto una figura incómoda para la llamada Cuarta Transformación: un gobernador señalado por autoritarismo, corrupción y ruptura con sus propios aliados. Un gobernador que, dicen, ya no suma… estorba.
La revocación no fue vinculante. Legalmente, Salomón Jara sigue siendo gobernador. Políticamente, el golpe está dado. Porque aunque el poder aguante, la duda ya se instaló.
En Oaxaca, la revocación no quitó a un gobernador. Pero sí dejó algo más difícil de reparar: la confianza. Y esa, cuando se pierde, no se recupera ni con urnas llenas ni con cifras oficiales.
