Organizaciones y asambleas de pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec emitieron un pronunciamiento público en el que califican el proceso de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz, programado para el próximo 25 de enero, como una simulación estatal contra el pueblo y un ejercicio de legitimación política sin sustento en una exigencia ciudadana real.
En el documento, las organizaciones señalan que la consulta no surge de una demanda popular genuina, sino de una estrategia de autopromoción política, al considerar que la recolección de firmas y la organización del proceso han sido impulsadas por estructuras vinculadas al partido en el poder, lo que desvirtúa el sentido democrático de la figura de revocación de mandato.
Asimismo, denuncian que el proceso se desarrolla en un contexto de control institucional, con un Congreso local alineado al Ejecutivo, debilitamiento de la oposición y cooptación de diversos sectores sociales, por lo que consideran que la consulta representa una farsa innecesaria, ya que no existe un riesgo real para la continuidad del actual gobierno estatal.
El pronunciamiento también cuestiona el uso de recursos públicos, al señalar que se destinan millones de pesos a un ejercicio cuyo resultado, afirman, estaría previamente definido, mientras persisten carencias históricas en comunidades indígenas y rurales del estado.
Otro de los señalamientos centrales es la presunta coacción del voto y el uso de programas asistencialistas, los cuales de acuerdo con las organizaciones se emplean para inducir la participación ciudadana bajo presión, práctica que consideran una forma de vicio de origen que vulnera la voluntad popular.
Las asambleas firmantes advierten que este proceso busca validar un modelo extractivista y neoliberal, al que asocian con proyectos como el Corredor Interoceánico, la expansión minera, la gentrificación y la entrega del territorio a intereses privados y transnacionales, sin el consentimiento de los pueblos originarios.
Finalmente, las organizaciones indígenas llamaron a rechazar lo que consideran una simulación democrática y reiteraron su exigencia de respeto a la autodeterminación de los pueblos de Oaxaca, así como a un cambio estructural que garantice justicia, participación real y respeto a los derechos colectivos.