Hay frases que no son técnicas, son ideológicas. “Un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo”. No es un matiz jurídico. Es una declaración de poder.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, lo dijo sin rodeos, frente a nueve consejeros del Instituto Nacional Electoral, a dos días de sentarse con la presidenta Claudia Sheinbaum para entregarle el avance de su reforma electoral. Lo dijo con la serenidad de quien sabe que el viento sopla a su favor. Y lo dijo, sobre todo, con la convicción de quien cree que la autonomía es un exceso, una anomalía, casi un privilegio indebido.
El argumento parece pulcro: el INE no debe ser autónomo, pero sí “independiente en sus resoluciones”. La diferencia, nos dicen, es sustantiva. En realidad, es peligrosamente ambigua. Porque la autonomía no es un adorno semántico: es la muralla que separa a quien organiza las elecciones del poder que quiere ganarlas. Quitar esa palabra del diccionario institucional no es un ajuste técnico, es un cambio de régimen.
El mensaje de Gómez no surge en el vacío. Se inscribe en una línea política muy clara: la que desde el sexenio pasado declaró la guerra a los organismos autónomos bajo el argumento de que se convirtieron en “gobiernos paralelos”. Cuatro ya cayeron. El INE sigue en la mira. Y aunque hoy no se habla de desaparecerlo ni de llevar las elecciones a Gobernación —como sí lo propuso Andrés Manuel López Obrador—, la lógica es la misma: concentrar, subordinar, disciplinar.
Por eso resulta casi irrelevante que Pablo Gómez jure que el gobierno de Sheinbaum no quiere consejeros “avasallados”. El problema no es la intención declarada, sino el diseño institucional que se pretende construir. En política, las estructuras sobreviven a las buenas voluntades. Y las malas también.
Del otro lado de la mesa, los consejeros del INE entregaron un documento de 69 cuartillas con 241 propuestas. Un esfuerzo técnico, elaborado contrarreloj, que insiste en algo elemental: fortalecer instituciones electorales autónomas, profesionales y con capacidad técnica. Guadalupe Taddei lo dijo con claridad: autonomía, respeto y presupuesto. Tres palabras que, en Palacio Nacional, parecen haberse vuelto incómodas.
Gómez descartó incluso la idea de blindar financieramente al INE indexando su presupuesto al crecimiento económico. No hay dinero, se entiende. Pero tampoco hay disposición. Y cuando la tijera presupuestal se combina con la pérdida de autonomía, el resultado es un árbitro frágil, dependiente y vulnerable.
Hubo, es cierto, un punto de coincidencia: la fiscalización del dinero en las elecciones. Gómez evocó viejos escándalos —Pemexgate, Amigos de Fox— como si el problema del dinero sucio en la política fuera un asunto del pasado. La omisión no es menor. Porque hablar de corrupción electoral sin mencionar los excesos recientes es, otra vez, una forma de administrar el relato.
Más inquietante aún fue la advertencia final: la reforma electoral no será producto del consenso. No lo será entre partidos, ni siquiera —dijo Gómez— dentro del propio INE, donde las fracturas quedaron expuestas con la ausencia de Dania Ravel y Claudia Zavala. El mensaje es brutalmente honesto: esto se hará con mayoría, no con acuerdo. Con votos, no con convicciones compartidas.
Y aquí aparece la paradoja mayor.
Pablo Gómez llegó al Congreso gracias a la representación proporcional. Fue uno de los primeros 100 diputados plurinominales en 1979, en una época en la que el sistema electoral empezaba, precisamente, a abrirse para darle voz a las minorías y a la oposición. Esa escalera —la de las reglas, los contrapesos, las instituciones— le permitió ascender políticamente.
Hoy, ese mismo Pablo Gómez propone retirar la escalera.
No es un asunto personal. Es generacional y es histórico. Muchos de quienes lucharon contra el autoritarismo ahora gobiernan con una desconfianza profunda hacia las reglas que los hicieron posibles. Ven en la autonomía un estorbo. En el árbitro, un adversario. En el consenso, una debilidad.
La pregunta de fondo no es si el INE debe reformarse. Claro que sí. Toda institución es perfectible. La pregunta es quién define los límites del poder cuando el poder decide que los límites sobran.
Porque cuando un gobierno plantea que el árbitro no debe ser autónomo, no está discutiendo eficiencia administrativa. Está discutiendo quién manda en la democracia. Y esa, en cualquier país, es una conversación que no se resuelve a puerta cerrada ni con mayorías mecánicas.
Se invita al debate, sí. Pero no al silencio. Porque una vez que se quita la escalera, ya no hay forma fácil de volver a subir.
