Encarcelan a la síndica municipal de Santa María Apazco en medio de disputa política y señalamientos de violencia de género

La síndica municipal de Santa María Apazco, Alejandra Jiménez fue detenida y recluida en la cárcel municipal de esta comunidad de la Mixteca, en un hecho que ha generado tensión política, movilización social y señalamientos de presunta violencia política por razón de género.
De acuerdo con los primeros testimonios, la funcionaria habría sido retenida por indicaciones del presidente municipal, Omar Bautista, luego de negarse a firmar documentos financieros cuyo contenido, según habitantes, presentaba irregularidades. La negativa derivó en un conflicto directo con el edil y parte del cabildo, quienes, presuntamente, ordenaron su encarcelamiento.
Mientras que el secretario del Consejo Electoral Local, designado el pasado 7 de noviembre para la organización de las elecciones municipales. Su nombramiento fue desconocido por un segundo grupo de pobladores, lo que detonó un conflicto paralelo por el control del proceso electoral.
Tras los hechos, organizaciones sociales y habitantes se han pronunciado para exigir la liberación inmediata de la síndica, argumentando que ninguna autoridad tiene facultades para privarla de su libertad y que su retención vulnera sus derechos. Los grupos denunciaron que la detención estaría vinculada a su participación en el proceso electoral y la calificaron como un posible caso de violencia política por razón de género.
En mensajes difundidos en redes sociales, Alejandra Jiménez afirmó que la situación que enfrenta “es consecuencia de un proceso electoral fraudulento” y responsabilizó al presidente municipal, al tesorero y a varios integrantes del cabildo. Señaló también que, por primera vez, el municipio cuenta con una mujer en el cargo de síndica y cuestionó si su actuar es motivo de temor para las autoridades municipales.
Los colectivos que se han manifestado solicitaron la intervención de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Fiscalía General del Estado, el IEEPCO y el Tribunal Electoral, a fin de garantizar su integridad y resolver el conflicto institucional que atraviesa la comunidad.