Un año después de jurar como presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha consolidado su posición política con altos niveles de aprobación y una agenda que se define bajo la bandera de la continuidad de la Cuarta Transformación. La primera mujer en ocupar el Ejecutivo Federal llegó al cargo en octubre de 2024 con la promesa de edificar el llamado Segundo Piso de la 4T: una combinación de justicia social, grandes proyectos de infraestructura y un énfasis en ciencia y sustentabilidad. Sin embargo, el balance de este primer tramo de gobierno revela contrastes entre la retórica programática y la realidad fiscal, así como entre los logros políticos y las carencias en materia de seguridad y desarrollo sostenible.
Un mandato bajo la sombra de la continuidad
El proyecto presidencial se articula en torno a dos documentos: los “100 compromisos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación” y el Plan México, con un portafolio de inversiones valorado en 277.000 millones de dólares. A ello se suma una inversión pública histórica de 850.000 millones de pesos en programas sociales, que refuerzan la base electoral y política del movimiento gobernante.
El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 marca los pilares ideológicos de la administración: honestidad, libertades, igualdad sustantiva, bienestar con cuidado ambiental y seguridad con justicia. Pero mientras el discurso privilegia sustentabilidad y cultura, el presupuesto proyectado para 2025 refleja lo contrario: recortes de casi 40% al medio ambiente y de hasta 30% a cultura.
El “Sheinbáumetro”: promesas en suspenso
La evaluación del cumplimiento de los compromisos de campaña ofrece una fotografía clara: solo el 11% ha sido cumplido, otro 11% está incumplido, el 51% se encuentra en proceso y un 27% ni siquiera ha comenzado.
Entre los logros, destacan la reforma judicial que establece la elección popular de jueces y magistrados; la creación de la Secretaría de las Mujeres; la pensión para mujeres de 60 a 64 años; la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria; el programa Salud Casa por Casa; y medidas como la prohibición de alimentos ultraprocesados en escuelas.
Pero la lista de pendientes es amplia. No se ha garantizado el acceso a medicinas, ni se ha fortalecido la banca social. La infraestructura avanza en 13 proyectos, aunque muchos permanecen en fase de planeación. Y compromisos sensibles, como el combate a la discriminación y la mejora ambiental, han quedado incumplidos.
Economía: estabilidad sin dinamismo
En el terreno macroeconómico, la administración presume estabilidad: inflación en 3,5% —el nivel más bajo desde 2021—, tipo de cambio inferior a 19 pesos por dólar y un incremento de 8,5% en los ingresos federales. México registró además un récord histórico en inversión extranjera directa, con 36.000 millones de pesos en el primer semestre de 2025, impulsado por el fenómeno del nearshoring.
Sin embargo, los números esconden vulnerabilidades. Aunque el desempleo bajó a un mínimo histórico de 2,93%, la participación laboral también disminuyó y la informalidad alcanzó al 54,8% de la fuerza de trabajo. La inversión interna se debilitó con una caída anual del 6,8% en la formación bruta de capital fijo, lo que sugiere dependencia excesiva del consumo privado y de las remesas.
La deuda pública por habitante creció hasta los 149.000 pesos, reflejo de tensiones fiscales.
Seguridad: avances focalizados y un foco rojo
La seguridad ha sido uno de los terrenos más complejos. La administración apuesta por una estrategia que combina prevención, inteligencia, Guardia Nacional y coordinación local. En Guanajuato se reportó una reducción de homicidios del 60%, y en Tabasco de hasta 28%.
El contraste está en Sinaloa, donde la violencia persiste sin reducción de homicidios. Allí, la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa mantiene al estado en crisis y ha dado lugar incluso a mensajes directos al gobierno federal. Este caso revela los límites de la estrategia: los avances dependen de la colaboración local y muestran insuficiencia frente a cárteles con poder territorial y logístico consolidado.
Derechos humanos y contradicciones en el 8M
Uno de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo era garantizar libertades plenas y evitar el uso de la fuerza del Estado contra manifestaciones. Sin embargo, las marchas del 8 de marzo de 2025 pusieron en entredicho esta promesa. En ciudades como Mérida y Saltillo se documentaron agresiones y uso de gas lacrimógeno contra mujeres, lo que provocó condenas de organismos de derechos humanos.
La paradoja de que la primera presidenta enfrente acusaciones de represión a protestas feministas generó un choque simbólico con el discurso de género de su campaña.
Cultura y medio ambiente: austeridad a costa del futuro
El presupuesto para 2025 propuso recortes severos: hasta 30% en cultura y casi 40% en medio ambiente. La medida generó críticas de intelectuales como Elena Poniatowska, que la calificó de “muy grave”. Más allá de la polémica, los recortes reflejan una contradicción entre la narrativa presidencial de sustentabilidad e igualdad cultural, y las decisiones de gasto orientadas a priorizar programas asistenciales y megaproyectos de infraestructura.
Un capital político sin precedentes
A pesar de los claroscuros, Sheinbaum cerró su primer año con un nivel de aprobación que oscila entre 71,6% y 79%. Una popularidad que se sostiene en la expansión de programas sociales y en un estilo de gobierno definido como de “liderazgo sereno”.
Este capital político, sin embargo, enfrenta riesgos: la dependencia del consumo, la impunidad estructural —más del 90% de los delitos no se investigan— y la falta de inversión en sectores estratégicos como cultura, investigación y medio ambiente.
Un segundo piso con cimientos frágiles
El primer año de Claudia Sheinbaum ha sido, en gran medida, un ejercicio de consolidación política y continuidad programática. La reforma judicial y los programas sociales refuerzan el núcleo de la 4T, mientras que la estabilidad macroeconómica y ciertos avances en seguridad sirven como anclas de gobernabilidad.
Pero la fotografía también muestra un bajo cumplimiento técnico de compromisos, un modelo económico vulnerable y contradicciones entre el discurso de sustentabilidad y los recortes presupuestales.
La presidenta dispone de un capital político inédito. La cuestión es si lo invertirá en enfrentar los problemas estructurales —inseguridad, impunidad, informalidad laboral y sostenibilidad ambiental— o si el Segundo Piso de la 4T quedará sostenido sobre pilares de corto plazo.
