Hace más de una década, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero. Más que un número, son historias truncadas, sueños interrumpidos y familias que siguen esperando una respuesta que nunca llega. La pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde están? Y peor aún, ¿por qué el Estado, después de tantos años, sigue sin poder garantizar justicia?
Ayotzinapa no es un accidente ni un hecho aislado. Es un espejo de las fallas estructurales de México: la impunidad que se enquista en el sistema, la corrupción que socava la confianza en las instituciones y la violencia que se normaliza en la vida cotidiana. Cada versión oficial que cambia con el tiempo, cada investigación inconclusa, deja en evidencia que los responsables políticos y autoridades han fallado a quienes más debían proteger: los estudiantes.
Como decía Krauze, la historia no se repite, pero deja lecciones que no podemos ignorar. Ayotzinapa nos recuerda que la memoria es un acto de justicia y que no hay reconciliación posible sin verdad. No es solo un asunto de Guerrero: es un llamado a México entero a confrontar su propia fragilidad institucional, a preguntarse qué clase de país estamos construyendo si la desaparición de jóvenes se convierte en rutina.
Hoy, las familias de los 43 siguen exigiendo justicia. El país debería escucharlas. Porque mientras no haya respuestas claras, mientras la impunidad permanezca, Ayotzinapa seguirá siendo una herida abierta que atraviesa nuestra historia reciente y nuestra conciencia colectiva.
