Un oficio del gobierno estatal pretende enaltecer la cultura indígena, pero podría tener el efecto contrario: banalizarla, debilitar la economía artesanal y convertir un símbolo de resistencia en un uniforme sin alma.
A partir del 1 de octubre, cada miércoles en las oficinas del Gobierno de Oaxaca se verá un paisaje distinto: huipiles, camisas bordadas y trajes regionales ocuparán los pasillos de la Secretaría de Administración. No se trata de una celebración espontánea ni de un festival cultural, sino de una invitación administrativa. La circular SA/SP/035/2025, firmada por José Armando López López, por indicaciones del secretario de Administración, Noel Hernández Rito, invita a todos los trabajadores de la dependencia deberán portar ropa tradicional de alguna de las etnias del estado.
La medida, bautizada con el nombre en zapoteco “Miércoles de Sti Guen-da Stidu” (Miércoles de nuestra identidad), se presenta como un homenaje a la riqueza cultural de Oaxaca, uno de los territorios con mayor diversidad lingüística y textil de México. Pero la iniciativa, que podría parecer una política inocua o incluso simbólicamente valiosa, esconde un debate profundo.
La circular incurre en lo que llaman la folklorización de la identidad: la transformación de un símbolo vivo y cargado de historia en un mero adorno burocrático.
El riesgo económico: la industria artesanal frente a la piratería
El temor central es que la medida, lejos de fortalecer a los creadores, fomente un consumo acelerado que abre la puerta a copias baratas y a la piratería textil.
La industria artesanal mexicana, y en particular la oaxaqueña, vive una crisis marcada por el plagio masivo. La invitación a adquirir ropa típica para cumplir con una circular laboral favorece la búsqueda de precios bajos y, con ello, el mercado de imitaciones producidas en serie. Muchas provienen de fábricas en Asia; otras, de talleres locales que reproducen diseños sin respetar su origen y bajo condiciones laborales precarias.
La disparidad económica refleja el problema: mientras una blusa o un huipil bordado a mano puede costar entre 600 y 900 pesos, una copia industrializada se consigue por apenas 100. La piratería le resta miles de millones de pesos cada año al sector artesanal. Pese a ello, la circular carece de mecanismos de compra justa que vinculen directamente a los burócratas con cooperativas o asociaciones de creadoras. En ese vacío prosperan los intermediarios, que compran barato a las artesanas y revenden con amplios márgenes en las ciudades.
Banalización cultural y apropiación desde el Estado
Más allá de lo económico, la política reduce un símbolo identitario a un uniforme burocrático. Vestimentas que en los pueblos indígenas expresan linaje, cosmovisión, estado civil o pertenencia comunitaria, se transforman en un simple requisito de oficina, comparable a un “dress code” corporativo.
El riesgo es la folclorización: prendas cargadas de memoria y resistencia convertidas en disfraces para una foto oficial. La paradoja es evidente. El propio Estado oaxaqueño ha condenado públicamente a marcas internacionales por apropiarse de diseños indígenas sin autorización. Sin embargo, al invitar a su uso, incurre en lo que colectivos textiles califican como una forma de apropiación estatal: utilizar la cultura de las comunidades con fines políticos, sin consulta ni beneficios reales para sus portadores.
Crítica política y carga para los trabajadores
El costo recae directamente en los empleados públicos. La compra de una prenda auténtica puede representar un gasto considerable para trabajadores con salarios modestos. Voces críticas la señalan como violatoria de derechos humanos y laborales, al imponer un atuendo sin proveer recursos ni compensación.
Una identidad forzada
El discurso oficial sostiene que la medida busca fortalecer el orgullo y la identidad cultural. Sin embargo, al ser de carácter obligatorio y carecer de un esquema de comercio justo, el resultado inmediato es otro: trabajadores con un gasto extra en sus bolsillos, artesanas precarizadas por la presión del mercado y la cultura reducida a accesorio burocrático.
En lugar de convertirse en un proyecto serio de política cultural y económica, la indumentaria tradicional corre el riesgo de quedar atrapada entre la piratería, la banalización y el uso político, lejos de la dignidad y el reconocimiento que reclaman las comunidades que le dan vida.
