Adán Augusto López Hernández, una de las figuras más visibles de la política nacional en los últimos años, recibió entre 2023 y 2024 al menos 79 millones de pesos de empresas privadas que no figuran en sus declaraciones patrimoniales, según documentos oficiales revisados por «N+ Focus».
Durante ese periodo, López Hernández dejó la Secretaría de Gobernación para convertirse en precandidato presidencial, coordinador de campaña y finalmente senador de la República. A lo largo de esos años, recibió pagos millonarios por concepto de servicios profesionales de empresas que, en algunos casos, fueron contratistas durante su gestión como gobernador de Tabasco. Una de estas empresas, GH Servicios Empresariales, fue señalada por el SAT como fantasma, mientras que otras están vinculadas con sus familiares.
Los documentos fiscales muestran que los primeros pagos se registraron en noviembre y diciembre de 2023 por 20.5 millones de pesos: 8.9 millones de GH Servicios Empresariales y 11.5 millones de operadora turística Rabate, empresa contratista en Tabasco. GH Servicios Empresariales utilizó el mismo correo electrónico de contribuyente que Adán Augusto y su hermano Melchor López Hernández: corporativo-chontalpa@hotmail.com. En 2024, la misma empresa realizó otro pago por 2.8 millones de pesos antes de que el SAT le suspendiera el sello digital por irregularidades fiscales.
Otro ingreso no declarado corresponde a 18.8 millones de pesos de Capital Cargo del Golfo, empresa que recibió contratos por adjudicación directa durante la gubernatura de López Hernández.
En su declaración patrimonial presentada ante la Secretaría de la Función Pública en 2023, López Hernández reportó ingresos por 7 millones de pesos, cuando en realidad obtuvo al menos 22 millones. Apenas un año después, declaró ante el SAT ingresos por 58.1 millones, pero ante la Contraloría del Senado solo reportó 625,793 pesos.
Por ley, la omisión o falsedad en las declaraciones patrimoniales puede derivar en sanciones que van desde la suspensión o destitución del cargo hasta la inhabilitación en la función pública.
Esta investigación, a cargo de Jennifer González, Alejandro Melgosa y Jorge Ulloa de la Unidad de Investigación de N más Focus, evidencia una discrepancia millonaria entre los ingresos reales y lo declarado, mientras López Hernández afirmaba públicamente: “Nosotros no vamos a utilizar el recurso público. Ese recurso público va a ser para la gente”.
