Hace ocho años, a las 11:49 de la noche, Oaxaca se partió en dos. El 7 de septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 8.2 —el más fuerte en un siglo— sacudió la tierra y la vida de millones. Miles de casas se vinieron abajo, decenas de comunidades quedaron reducidas a escombros, cientos de familias lloraron a sus muertos.
La imagen más brutal fue Juchitán: el palacio municipal colapsado como símbolo de un Estado derrumbado. Años después, la promesa de la reconstrucción sigue incompleta. En Oaxaca, basta caminar por los pueblos de la región del Istmo para encontrar techos improvisados, muros a medio levantar, familias que nunca recibieron el apoyo prometido.
El terremoto dejó claro que los discursos de solidaridad no siempre se convierten en políticas públicas. Hubo promesas presidenciales, visitas relámpago, conferencias de prensa. Pero en la práctica, lo que más abundó fueron los desvíos, la corrupción en los recursos de reconstrucción y la indiferencia del poder.
Hoy, 8 de septiembre de 2025, la memoria duele porque las grietas no se cerraron. Los edificios nuevos no alcanzan para tapar las fracturas sociales. En Oaxaca, el sismo sigue vivo en cada familia que perdió a alguien, en cada niño que creció entre escombros, en cada comunidad que aprendió que cuando la tierra tiembla, el gobierno se queda inmóvil.
El terremoto del 7 de septiembre no sólo fue natural. Fue político. Exhibió un país que presume instituciones sólidas, pero que en el momento decisivo se derrumban como un palacio municipal. Y ocho años después, la pregunta sigue en el aire: ¿realmente aprendimos algo?
Porque la tierra volverá a temblar. Eso es inevitable. Lo que no debería repetirse es que los damnificados queden enterrados no bajo los escombros… sino bajo la corrupción y el olvido.
