Desmonte ilegal en Guerrero Grande eleva tensión en Atatlahuca; piden intervención urgente de autoridades federales

El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) denunció este martes el desmonte y cambio ilegal de uso de suelo en un área boscosa del paraje conocido como “Yoos Kivi”, ubicado en la comunidad indígena mixteca de Guerrero Grande, perteneciente al municipio de San Esteban Atatlahuca, en la región de la Mixteca oaxaqueña.
De acuerdo con el boletín difundido por la organización, desde el 9 de mayo de 2025 maquinaria pesada ha sido utilizada para abrir brechas en la zona, donde se han talado árboles de gran tamaño y circulan camiones tipo Torton cargados de madera. Testigos señalan que las actividades fueron ejecutadas por autoridades municipales de San Esteban Atatlahuca, acompañadas por personas armadas, bajo el argumento de construir viviendas para individuos que anteriormente participaron en actos violentos en la misma comunidad.
El 16 de junio, vecinos de Guerrero Grande constataron que aproximadamente dos hectáreas ya habían sido devastadas. En el sitio se encontraban excavadoras, motoniveladoras y más de 50 personas vigilando las labores de deforestación, en un territorio que se encuentra dentro de la jurisdicción comunal de Guerrero Grande. Además, han reportado detonaciones de armas de fuego en diferentes momentos del día, lo que ha incrementado el temor de un nuevo enfrentamiento.
Los hechos recientes se suman a una serie de agresiones documentadas desde octubre de 2021, cuando un grupo armado vinculado con autoridades municipales quemó más de cien viviendas en Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, lo que provocó el desplazamiento forzado de 25 familias. Estos ataques están registrados en la carpeta de investigación número 35033/FMIX/TLAXIACO/2021.
A raíz de estos acontecimientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares (MC-1050-21) para salvaguardar la vida e integridad de los habitantes de ambas comunidades. Sin embargo, los beneficiarios denuncian que el Estado Mexicano no ha cumplido a cabalidad con las obligaciones asumidas, y que incluso ha favorecido con vivienda a personas señaladas como agresores.
En diciembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU también emitió una acción urgente (AU 1456/2021 a 1460/2021) exigiendo la búsqueda inmediata de cinco personas desaparecidas, entre ellas la defensora Irma Galindo Barrios, sin que a la fecha se tenga información concreta sobre su paradero.
Frente a la creciente tensión y el riesgo de confrontación, las autoridades comunitarias de Guerrero Grande y Mier y Terán, junto con el CEDHAPI, solicitaron la intervención inmediata de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de la Fiscalía General de la República (FGR), para investigar los delitos ambientales cometidos en “Yoos Kivi” y sancionar a los responsables.
Asimismo, exigieron el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, el seguimiento de las acciones urgentes emitidas por la ONU, y la implementación de mecanismos eficaces para garantizar la seguridad, salud y dignidad de las familias desplazadas, quienes permanecen en condiciones precarias en un albergue del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sin apoyo gubernamental suficiente.
“Este tipo de omisiones por parte del Estado mexicano representan violaciones graves a los derechos humanos, no sólo de las personas desplazadas, sino también al medio ambiente y a los derechos territoriales de los pueblos indígenas”, afirmó Maurilio Santiago Reyes, presidente del CEDHAPI.
Las autoridades comunitarias reiteraron su llamado al gobierno federal y estatal para actuar con imparcialidad y responsabilidad ante la creciente crisis humanitaria y ambiental en la zona de Atatlahuca.