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Licencia a modo: reforma permitiría a militares competir por cargos públicos con aval presidencial

Licencia a modo: reforma permitiría a militares competir por cargos públicos con aval presidencial

A group of uniformed Mexican military personnel march in formation during a festive parade

Una “licencia especial” concedida por el presidente o por el secretario de la Defensa permitiría a elementos militares participar en procesos electorales o asumir cargos públicos civiles, según advirtió la diputada Ivonne Ortega, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados.

La disposición, contenida en el artículo 44 de la reforma sobre la Guardia Nacional que se discutirá este martes, ha encendido las alertas de legisladores de oposición por lo que representa: una vía directa —sin control legislativo— para que militares ocupen cargos políticos o administrativos en todos los niveles de gobierno.

“Esta licencia no está contemplada en el artículo 35 constitucional. Se trata de una figura especial que no requiere pasar por el Senado ni por la Cámara de Diputados. Basta con que la apruebe el alto mando”, advirtió Ortega.

La legisladora explicó que la redacción permite al Ejecutivo Federal —o en su caso al titular de la Sedena— otorgar esta licencia para que personal militar con formación policial, integrante de la Guardia Nacional, pueda:

  • Postularse para cargos de elección popular
  • Desempeñarse como funcionarios de gabinete
  • Ocupen cargos en gobiernos estatales o municipales
  • O asuman funciones en organismos descentralizados o empresas públicas

Todo ello sin necesidad de retirarse formalmente del servicio, sino simplemente separándose temporalmente de sus funciones de seguridad pública.

“¿Cuál es el riesgo? Que el mando militar, por instrucción directa del presidente, pueda colocar a personal castrense en espacios civiles sin ningún contrapeso legal. Estamos hablando de una puerta trasera a la militarización del servicio público”, alertó Ortega.

Aunque la iniciativa aún está en discusión, el señalamiento llega en un contexto de creciente presencia militar en áreas clave del gobierno civil, lo que ha generado preocupación entre organismos defensores de derechos humanos y especialistas en democracia.

El debate está abierto: ¿una medida administrativa para aprovechar la experiencia de los militares o un mecanismo discrecional para extender su influencia en la vida civil?

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