En el panteón municipal de la comunidad de Pedro Amaro, en Jojutla, Morelos, familiares de personas desaparecidas han vuelto a excavar. Es la cuarta vez que lo hacen. Esta vez, tras cuatro semanas de trabajos, los colectivos reportan el hallazgo de al menos 60 cuerpos, entre ellos bebés, menores de edad y mujeres.
Los hallazgos reavivan uno de los capítulos más oscuros de la crisis forense en México. Las fosas de Jojutla y Tetelcingo, reveladas entre 2015 y 2017, evidenciaron prácticas irregulares de la Fiscalía de Morelos: entierros masivos, sin identificación y sin notificación a las familias. Ahora, casi una década después, las exhumaciones continúan.
“Están saliendo cosas que no imaginamos, no nos había tocado ver una situación así”, dijo Romana García, madre buscadora, en declaraciones recogidas por La Jornada.
De acuerdo con los propios colectivos, aún no hay cifras exactas. Amalia Alejandra Hernández, familiar de un desaparecido, aseguró que entre los restos hallados se encuentran “entre 10 y 12 bebés, otras tantas mujeres y una decena más de restos óseos aún sin clasificar”. También denunció fallas técnicas en el trabajo forense, incluyendo la ausencia de antropólogos físicos y arqueólogos adscritos a la Fiscalía durante la exhumación.
La actual intervención ministerial, la cuarta desde 2017, fue suspendida por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, luego de que un estudio técnico advirtiera fracturas en el muro perimetral del cementerio debido a las lluvias provocadas por el huracán Erick. Aún así, los colectivos denuncian que el proceso ya estaba en la recta final y exigen que se retome con mayor responsabilidad institucional.
En entrevista con Proceso, Amalia Hernández exigió al fiscal del estado, Uriel Carmona, que acuda personalmente a las fosas:
“Queremos que venga, vea cómo trabajamos, escuche a las víctimas. No es lo mismo que recibir una tarjeta informativa.”
Desde mayo, la Fiscalía había anunciado que esta intervención duraría tres semanas, utilizando maquinaria ligera para remover hasta un metro de profundidad y luego continuar con trabajo manual. Pero según la comisionada estatal de víctimas, Penélope Picazo, la magnitud de los hallazgos podría justificar una quinta etapa de búsqueda.
Las intervenciones anteriores en Jojutla se llevaron a cabo en 2017, 2022 y 2024. Hasta la fecha, no existe un registro público completo de los cuerpos recuperados e identificados, ni un plan de seguimiento para su restitución digna.
Para el activista Javier Sicilia, las fosas de Morelos no son sólo un símbolo del horror, sino también una condena política:
“Las fosas de Tetelcingo y Jojutla son la prueba de cómo el Estado es criminal. Se confirma que el Estado también desaparece personas.”
Mientras las autoridades acumulan oficios y comunicados, las familias siguen escarbando tierra, buscando a sus hijos, esposas y hermanos, en lo que se ha convertido en una fosa de impunidad nacional.
