Dice adiós, pero no se calla: acusa falta de técnica, riesgos para el periodismo y una ley que nació sin pies ni cabeza.
Jesús Alfredo Páez, quien por tres años encabezó el área de Atención y Prevención de Ciberdelitos en la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, renunció este lunes sin aclarar del todo si fue por presión… pero dejando claro que no está de acuerdo con la nueva Ley de Ciberseguridad.
Y aunque respalda la idea de legislar en materia de ciberdelitos, no se guardó nada:
“La ley fue aprobada sin consultar a expertos, no garantiza penas proporcionales, ni se sabe si las autoridades tienen el personal o tecnología para aplicarla”, reclamó.
¿Qué tanto molesta la ley?
Mucho. Por algo ya se le conoce como “Ley Censura”. Y no es apodo gratuito. Páez advirtió que su redacción deficiente podría abrir la puerta a castigar el periodismo de investigación, al no distinguir entre hackeo con fines delictivos y el acceso a información con fines informativos.
En un mensaje compartido en redes, el exfuncionario alertó que conceptos como “ciberasedio” —incluido sin base en el derecho comparado— duplican figuras ya contempladas en la Ley Olimpia, generando confusión legal y poniendo en riesgo el principio de taxatividad penal, es decir: que todo delito esté claramente definido por ley.
Además, sugirió actualizar conceptos: en vez de “usurpación de identidad”, el delito debería llamarse como en otros marcos internacionales: “suplantación de identidad digital”.
¿Casualidad o consecuencia?
La renuncia de Páez se da justo después de que estallaran las críticas contra la ley aprobada el pasado domingo 15. Él solo agradeció el tiempo en el cargo y aseguró que seguirá alzando la voz por una legislación técnica, garantista y clara.
Pero lo cierto es que su salida deja un mensaje: una ley mal hecha puede costar más que credibilidad… puede costar libertades.
