Integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) se manifestaron este miércoles frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca para denunciar lo que califican como una política de cerrazón, simulación de diálogo y represión por parte de la administración estatal encabezada por Salomón Jara Cruz. La protesta ocurre a dos años y medio del inicio del actual gobierno, al que el FPR acusa de haber incumplido los compromisos asumidos con comunidades y organizaciones populares.
Los manifestantes señalaron que, pese a que el gobernador recibió a representantes del FPR en marzo de este año y se comprometió a atender demandas en materia de justicia, salud, educación, infraestructura social y conflictos agrarios, hasta la fecha no ha habido avances reales en su resolución. Las mesas de trabajo, aseguraron, se han convertido en un mecanismo ineficaz para contener las inconformidades sin ofrecer soluciones concretas.
Según el posicionamiento leído durante la protesta, diversas dependencias estatales —como SEFIN, INPLAN, SEFADER, CABIEN, IEEPO y SEMOVI— han obstruido la gestión social de la organización. Asimismo, denunciaron que en municipios como Miahuatlán de Porfirio Díaz, Asunción Nochixtlán, Tlaxiaco, Teotitlán de Flores Magón y Ánimas Trujano, las autoridades estatales han encubierto actos de represión y desvío de recursos en lugar de intervenir para resolver conflictos.
El FPR también acusó al subsecretario Angelino López Cortés de condicionar la atención a sus demandas, tras una jornada de movilización del sector transportista ocurrida el 2 de junio. Afirmaron que, por indicaciones de la Secretaría de Gobierno, se les cancelaron mesas de trabajo previamente acordadas.
Durante el mitin, el comité estatal del FPR denunció que el discurso gubernamental de «puertas abiertas» y «gobierno de territorio» no se refleja en los hechos, y que la represión se ha convertido en la respuesta sistemática a las voces críticas. También acusaron la criminalización de luchas sociales, sindicales y estudiantiles, así como la inacción frente a la violencia y el despojo impulsado por megaproyectos.
En su pronunciamiento, el FPR exigió la instalación inmediata de una mesa de diálogo resolutiva con el gobernador, solución a los conflictos municipales y respeto a las conquistas laborales de sindicatos democráticos. Anunciaron además una segunda jornada estatal de movilización a partir del mes de julio si no se atienden sus demandas, y reiteraron su solidaridad con la CNTE y con los movimientos estudiantiles de la UABJO.
Finalmente, a casi un año del asesinato de Mario Hernández Martínez, dirigente del FPR, la organización reiteró su exigencia de justicia y responsabilizó al gobierno de mantener la impunidad en este caso.