De aprobarse las reformas a la Constitución y las modificaciones a la Ley Orgánica del Gobierno estatal, propuestas por la diputada Cony Rueda, ni violentadores de mujeres ni quienes adeuden pensión alimentaria a sus hijas e hijos estarían en el servicio público en Oaxaca.
La propuesta impediría que sean nombrados como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, consejero de la Judicatura, auditor y subauditores del Órgano Superior de Fiscalización, quienes hayan sido condenados o sancionados mediante resolución firme por cualquier tipo de agresión de género contra mujeres en el ámbito público y privado.
La propuesta también establece que las personas condenadas, o sancionadas mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, no podrían ocupar cargos en la titularidad y en las designaciones de comisiones, dentro de los órganos autónomos como la Defensoría de los Derechos Humanos o en el Órgano de transparencia; en la Fiscalía del estado, así como en las Secretarías y órganos auxiliares del Gobierno estatal.
El planteamiento realizado por la diputada Cony Rueda busca también que quienes estén inscritos o sean parte del registro vigente como persona deudora alimentaria morosa tampoco puedan acceder a espacios en el servicio público en Oaxaca.
La diputada de morena señaló que se trata de un acto de congruencia y con ello se busca dignificar el servicio público en el estado:
“No podemos permitir que quien haya maltratado, golpeado a una mujer o incumpla con la pensión para sus hijas e hijos llegue al servicio público porque su trabajo no será ético ni moral”, señaló.
La propuesta se encuentra en estudios dentro de las Comisiones de Estudios Constitucionales y Administración Pública del Congreso del estado, en espera de su dictaminación y próxima votación ante el Pleno Legislativo.
