Las distintas expresiones políticas que conforman el Congreso del Estado de Oaxaca, de manera histórica reformaron diferentes ordenamientos jurídicos para reestructurar la administración estatal, favoreciendo el desarrollo y bienestar de la ciudadanía.
De esta forma, mediante acuerdos y consensos por parte de la mayoría de congresistas que conforman el Poder Legislativo, se logró establecer en la normatividad estatal garantías que permitan la operatividad y funcionalidad del próximo Gobierno del estado.
El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura, Luis Alfonso Silva Romo declaró que “desde el Congreso local, en el cual descansa la soberanía y voluntad popular, se demuestra la unidad, respaldo y confianza que el pueblo tiene hacia el próximo gobierno”.
Asimismo, reconoció el compromiso de las distintas fuerzas políticas las cuales, en unidad y acuerdos, apelan porque en Oaxaca inicie un verdadero cambio para la vida de quienes habitan la entidad.
Con 38 votos a favor, está reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, fue aprobada de manera histórica, pues no se presentaron objeciones, logrando, de esta manera crear el nuevo Instituto de Planeación para el Bienestar con el objeto de garantizar con trabajo y unidad el desarrollo de Oaxaca, teniendo como ejes fundamentales la honradez y la honestidad.
Este Instituto adaptará la planeación del estado de acuerdo al contexto político-social de los municipios, tomando en cuenta sus sistemas de organización interna y respetando el lenguaje de las comunidades indígenas, perfeccionando las funciones que actualmente lleva a cabo el Coplade.
También, con 38 votos se aprobó la creación de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado, organismo que ejercerá la representación jurídica del estado.
Además; brindará apoyo técnico jurídico de forma permanente y directa al Gobernador del Estado y desarrollará funciones administrativas necesarias en el ejercicio del cargo.
Asimismo, con la venia de 39 representantes populares se reformó y derogó diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de las cuales resalta el derecho a la buena administración pública, para lo cual se requieren modificaciones.
