El Pleno del Senado de la República inició la discusión de la reforma constitucional por la que se extiende, de cinco a nueve años, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Armenta Mier, informó que el dictamen se acompaña de nueve votos particulares de las senadoras Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI; Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; y otro firmado por los senadores Noé Castañón y Clemente Castañeda Hoeflich.
Así como de los y las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural; Kenia López Rabadán y Julen Rementería del Puerto, del PAN; Damián Zepeda Vidales, de la misma fracción; Faustino López Vargas y Lucía Meza Guzmán, de Morena.
Además, en la Mesa Directiva se recibieron dos propuestas de moción suspensiva, la primera de ellas suscrita por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y la segunda suscrita por el senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural.
Nadia Navarro presentó la moción suspensiva para poder construir un diálogo con la sociedad civil y expertos en la materia sobre la minuta, pero con 61 votos en contra y 38 a favor, esta petición fue rechazada.
Al presentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que, tras escuchar a integrantes de la academia, alcaldes, gobernadores y colectivos defensores de los derechos humanos, concluyeron que no son suficientes cinco años para consolidar la Guardia Nacional.
Reconoció que quizás existieron algunos excesos por parte de las Fuerzas Armadas en el pasado; sin embargo, señaló, en su mayoría han cuidado de nuestra soberanía y seguridad, por lo que pidió honrar el trabajo de las y los militares, pues no hacerlo sería un acto de ingratitud; “no es militarización, es acompañamiento”, enfatizó.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Rafael Espino de la Peña, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva, a la brevedad, la acción de inconstitucionalidad que se interpuso en contra de las reformas legales a la Guardia Nacional, “porque su puntual definición evitará incertidumbre, que no hace más que dañar el marco legal”.
Dijo que la estrategia de seguridad debe operar con método y planeación, e incluir metas concretas, la ruta para alcanzarlas y evaluaciones transparentes, porque en el pasado se llevaron a cabo malos diagnósticos, políticas erráticas, estrategias fallidas, sin método, con corrupción, crisis de funcionalidad y mala coordinación institucional.
La propuesta modifica el primer párrafo y adiciona el párrafo tercero y cuarto del Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de la Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.
Con este proyecto, “durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y complementaria”.
Dicha participación, se agrega, deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.
Además, plantea que se integre una comisión conformada por diputados y senadores para dar seguimiento al cumplimiento del presente artículo.
Para tal fin, el Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe cada periodo ordinario de sesiones, en el que dé cuenta del avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios.
Luego de la presentación del dictamen, por parte de los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, se dio paso a la presentación de los votos particulares.
