Las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos, Primera, avalaron una minuta que busca incrementar las multas por conductas que causen daños relevantes e irreversibles al medio ambiente, como el aprovechamiento ilícito de recursos forestales y la deforestación.
El aumento de sanciones, se destaca en el dictamen que aprobaron estos órganos legislativos, que presiden el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué y la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, tiene por objeto imponer multas acordes con los daños ocasionados en ecosistemas y para desincentivar la práctica de conductas ilícitas.
Toda vez que actualmente es más redituable para los infractores realizar actividades en contravención a la norma y ser multadas, que solicitar alguna autorización o permiso de manera legal, asentaron las y los senadores.
De esta manera, el proyecto plantea reformar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para:
Sancionar con el equivalente de 40 a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien incumpla lo establecido en las autorizaciones de aprovechamiento forestal y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales; o evitar prevenir, combatir o controlar, estando legalmente obligado para ello, las plagas, enfermedades o incendios forestales.
Y, con el equivalente de 100 a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien establezca plantaciones forestales comerciales en terrenos forestales; omitir realizar el manejo de combustibles en los terrenos forestales, de acuerdo con lo previsto en esta Ley; y transportar, almacenar, transformar o poseer materias primas forestales, sin contar con la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar su legal procedencia, entre otros supuestos.
El proyecto, menciona que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2018, el agotamiento de recursos naturales y la degradación del medio ambiente representaron un costo de un billón de pesos, un impacto equivalente a 4.3 por ciento del Producto Interno Bruto a precios de mercado.
En la reunión, las y los senadores asentaron que, a la fecha, hay más de 120 zonas críticas forestales en el país, que corresponden a lugares con alta frecuencia de ilícitos forestales, asociados a otros delitos.
Puntualizaron que la minuta enviada por la Colegisladora, destaca que según el estudio Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la tasa de deforestación de México es de 155 mil hectáreas por año, de las cuales 60 mil tienen su origen en la tala clandestina.
Además, las y los senadores enfatizaron que las comunidades indígenas y afromexicanas, deberán implementar mecanismos de manejo y protección de ecosistemas forestales, en respeto a los derechos de consulta libre, previa e informada.
Acotaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sea la encargada de anular o suspender las autorizaciones para beneficiarse de los recursos forestales, que implica la obligación de hacer un uso sustentable de dicho recurso.
Y en el caso de que las actividades forestales deterioren gravemente el equilibrio ecológico, afecten la biodiversidad de la zona, así como la regeneración y capacidad productiva de los terrenos, la autoridad local competente podrá revocar, modificar o suspender la autorización respectiva.
